Resaltan diputados del PRI, PAN, PVEM y NA beneficios de leyes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión

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Consideran legisladores del PRD, MC y PT que no cumplen con el espíritu de la reforma constitucional

En lo particular se promueven 549 reservas a diversos artículos que contiene la minuta

08-07-2014.- Diputados del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza expresaron que las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión recuperan la rectoría en ambos sectores, para que ningún poder económico, sin importar su magnitud, concentre privilegios y distorsione el desarrollo nacional.

Argumentaron que con las leyes Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, se promociona la competencia en ambos sectores; se establecen beneficios a favor de los usuarios como la eliminación del cobro por larga distancia en teléfonos fijos y móviles. Además, se crean tres nuevas cadenas de televisión, lo que incrementa la oferta y la competencia.

En tanto, legisladores del PRD, Movimiento Ciudadano y PT consideraron que estas leyes no cumplen con el espíritu de la reforma constitucional, porque la “obstaculiza y nulifica, ya que no se desmonta el monopolio televisivo, al limitar la preponderancia a sectores y no a servicios”.

Destacaron que son una simulación, pues endurece el papel de policía informática de la Secretaría de Gobernación (Segob); se sigue planteando bloqueo de señales de manera disfrazada; atenta contra los datos personales; sienta las bases para la violación de derechos humanos como la libertad de expresión, de información y a la privacidad.

Al iniciar los posicionamientos del dictamen a la minuta aprobada en lo general, con 340 votos a favor, 129 en contra y 1 abstención, la diputada María Sanjuana Cerda Franco (NA) recordó que actualmente menos de la mitad de la población del México tiene acceso a Internet, y solamente el 1.5 por ciento del comercio se realiza por vía electrónica, lo que evidencia la brecha digital y las desigualdades de la sociedad.

Por tanto, afirmó, existe un consenso de que el Estado debe recuperar la rectoría del sector de telecomunicaciones, para que ningún poder económico, sin importar su magnitud, concentre privilegios y distorsione el desarrollo nacional.

“Los cambios implican riesgos, pero si los asumimos con el compromiso democrático de buscar una mejor distribución de los bienes y de poder, seguramente saldremos adelante”, sostuvo la diputada y agregó que en esta legislación reglamentaria aún existen temas por corregir para estar en el camino de democratizar las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Por su parte, Lilia Aguilar Gil (PT) subrayó que las leyes secundarias de Telecom no cumplen con el espíritu de la reforma constitucional. “Nos estamos equivocando con estas enmiendas pues, para el tema de la preponderancia, no se aseguró que actores económicos pequeños entren a la competencia”, expresó.

Precisó que el objetivo del Poder Legislativo no era desaparecer actores económicos, sino generar competencia para que los usuarios obtuvieran resultados positivos y apoyar la democratización de los medios, ya que persisten restricciones e imprecisiones que afectarán a la ciudadanía.

“Hay muchas cosas por discutir y mejorar en el dictamen, pero la esencia, lo central que debimos cuidar en el debate era la pluralidad, la democracia y la competencia. Hay cuestiones graves que no sólo no garantizan esto a la gente, sino que no garantizan la apertura del mercado”, acusó.

En su turno, Luisa María Alcalde Luján (Movimiento Ciudadano) calificó estas normas reglamentarias como “migajas que los grandes intereses nos concedieron modificar” y el Congreso de la Unión, consideró, no actuó con independencia en su formulación.

En lugar de crear un instituto fuerte para proteger de abusos en los costos de telefonía y TV de pago, además de diversificar los contenidos en la televisión abierta, dijo, “nos quedamos con lo que ya teníamos: un monopolio televisivo que manipula la información”.

Asimismo, advirtió que únicamente en México existen leyes en materia de telecomunicaciones que contemplan técnicas de investigación aún más inclusivas que la propia ley penal. “Después de todas las expectativas en este tema, quedamos como estábamos, sin competencia, pluralidad, diversidad de medios, derechos de las audiencias, ni radios comunitarias”, reiteró.

Por el PVEM, el diputado Federico José González Luna Bueno aseveró que este marco secundario “no busca la aniquilación de competidores”, sino la libre competencia. Resaltó la protección de datos personales y la existencia de una autoridad para regular mejor a los operadores en una apertura de mercados.

Afirmó que no favorece a empresas, sino a los mercados en beneficio de millones de usuarios, a través de una mejor cobertura y mayor calidad, contenidos más plurales, la posibilidad de multiplicar la oferta de televisión abierta y la incorporación de radios comunitarias. Asimismo, la entrega de televisores digitales con acceso a Internet para 15 millones de hogares. También contribuye a hacer más eficaz a los órganos estatales que combaten delitos como secuestro, amenazas, delincuencia organizada, pornografía infantil y fraudes cibernéticos.

“Está hecha sin fobia ni mala fe”, aseguró. Refirió tres aspectos básicos: la promoción de la competencia; la atención del usuario como protagonista de las telecomunicaciones y radiodifusión y el papel promotor y subsidiario del Estado, para que exista infraestructura de acceso a las tecnologías de información y conocimiento orientadas a la educación, salud, gobierno digital y comercio electrónico en favor de los grupos sociales más vulnerables.

Por el PRD, el diputado Miguel Agustín Alonso Raya sostuvo que las leyes secundarias retrasan los cambios y se oponen a los acuerdos concretados en la reforma constitucional, porque la “obstaculiza y nulifica. No se desmonta el monopolio televisivo”, al limitar la preponderancia a sectores y no a servicios, dijo.

Destacó la importancia de abrir las telecomunicaciones y radiodifusión a la competencia real con reglas parejas para todas las empresas, a fin de fomentar la pluralidad de contenidos, dar canales de expresión a la producción nacional independiente, recibir servicios de calidad a precios adecuados y frenar a los poderes fácticos, que constituyen barreras al avance democrático.

Dijo que no es posible continuar con los niveles de desigualdad en el país, por lo que la única reforma aceptable es la que promueva la genuina competencia, derechos de las audiencias, de réplica, la plena vigencia de libertad expresión, seguridad jurídica y respeto a derechos humanos, impulso a medios sociales, comunitarios e indígenas, acceso universal a las tecnologías, incluyendo Internet para todos. Sin estas condiciones, lo demás es una farsa, indicó.

Por el PAN, el diputado Juan Pablo Adame Alemán señaló que esta ley es una de las más importantes de la vida moderna de nuestro país, la cual generará un impulso económico en el corto plazo y traerá grandes beneficios a los mexicanos.

Precisó que con esta reforma se establece la obligatoriedad de acciones como: la licitación de dos nuevas cadenas de televisión nacional, la puesta en marcha de una cadena de televisión pública; regular la multiprogramación en radio y televisión, asegurando que se pague contraprestación por su autorización, así como que al preponderante en radiodifusión no se le autoricen nuevos canales adicionales y se crea la figura del defensor de las audiencias.

Destacó que se establecen beneficios a favor de los usuarios como: la eliminación del cobro por larga distancia en teléfonos fijos o móviles y con ello dejarán de gastar 40 millones de pesos diarios todos los mexicanos. Cambiarse de compañía telefónica de manera gratuita y sin perder el número en un plazo no mayor a 24 horas; que en los contratos de prestación de servicios se desglose el precio del servicio y el valor del equipo.

El diputado Eligio Cuitláhuac González Farias (PRI) indicó que con la reforma se establece un marco regulatorio en este ámbito tan importante y necesario para el desarrollo económico y la gobernabilidad del país.

Explicó que se estableció que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y con ello a los usuarios finales.

El dictamen, dijo, también contiene disposiciones expresas sobre aquellos concesionarios que por su poder sustancial en el mercado específico impongan barreras a la competencia en un mercado relevante. Establece un plazo fatal para que el IFT inicie los procesos de investigación para determinar agentes con poder sustancial en el mercado, incluida la televisión de paga.

Al hablar en contra, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) argumentó que la manipulación mediática de los alcances de la reforma encubre los negocios multimillonarios “en favor del duopolio televisivo y del monopolio en telefonía, que han abusado durante décadas de los bienes nacionales y hecho de las telecomunicaciones un factor de negociación y presión con gobiernos y partidos políticos, que de nueva cuenta se subordinan a sus intereses”.

La diputada Cristina Olvera Barrios (NA) mencionó que este nuevo marco representa un avance significativo en telecomunicaciones y radiodifusión, pues permite una mayor competencia en ambos sectores y otorga beneficios para los usuarios de telefonía fija al eliminar la larga distancia. “Nuestro aval no es un cheque en blanco, velaremos porque en estas leyes prevalezca lo que mejor le convenga a la nación”.

Ricardo Mejía Berdeja (MC) subrayó que esta legislación es solamente una simulación, pues endurece el papel de policía informática de la Segob; sigue planteando bloqueo de señales de manera disfrazada; atenta contra los datos personales y crea el Estado policiaco que va a controlar las telecomunicaciones. “No es cierto que se legisle para ciudadanos, sino para oligopolios; auguramos que seguirán los malos servicios y caros, como el Internet”.

Del PRI, Heriberto Manuel Galindo Quiñones destacó que es una reforma transformadora, patriótica, valiente y visionaria “que pondrá de nuevo a México en el umbral del crecimiento y en la senda del desarrollo que tanto estamos anhelando. Esta es una reforma con sustento técnico, que pondrá a México a la altura de las naciones más desarrolladas, pero también es una reforma profundamente de contenido social”.

A su vez, Roxana Luna Porquillo (PRD) indicó que es una legislación desequilibrada entre los agentes económicos de las telecomunicaciones y radiodifusión con los usuarios y las audiencias, debilitando a los medios comunitarios indígenas lo mismo que a los productores independientes, aumentando las facultades a la Segob sobre el sector de la radiodifusión a costa de una supuesta autonomía del IFT como un órgano autónomo, y sienta las bases para la violación de los derechos humanos como la libertad de expresión, de información y a la privacidad.

El diputado Damián Zepeda Vidales (PAN) mencionó que con estas reformas se asegura que la gente y el ciudadano pueda tener acceso a mejor telecomunicación y radiodifusión, por eso “la respaldamos porque ofrece beneficios concretos; se crean tres nuevas cadenas de televisión lo que incrementa la oferta y la competencia. La reforma asegura o fortalece los derechos que tienen las audiencias mexicanas”.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) consideró que con estas leyes secundarias solamente se redistribuye el mercado de las telecomunicaciones. Subrayó que no hay competencia, porque tampoco hay creación de contenidos independientes. “No hay atribuciones del IFT para resolver controversias entre los operadores”. Por lo que se pronunció por dar más tiempo para realizar una mejor ley.

En su turno, la diputada Ana Lilia Garza Cadena (PVEM) resaltó que con estas reformas por primera vez se reconoce a las radios comunitarias y se ofrecen beneficios a la comunidad como la eliminación de tarifas del pago de larga distancia. Asimismo, se reconocen los derechos de los usuarios y de las audiencias, al establecer la creación del defensor de la audiencia, que regula su actuar en un código de ética aprobado por el IFT.

La diputada Zuleyma Huidobro González (MC) expresó su desacuerdo en que “a todos los ciudadanos nos traten como delincuentes, porque estas reformas establecen la intervención de comunicaciones, aplicaciones y contenidos sin orden judicial, las corporaciones policiacas y agencias de seguridad del gobierno tendrán acceso total a la geolocalización de los ciudadanos y cualquier autoridad puede instruir a bloquear accesos de Internet sin justificar los motivos de la orden”.

Del PAN, el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela explicó que con estos cambios van a dejar de ganar miles de millones de pesos muchas empresas y esto va a ir directamente en beneficio de los mexicanos. Mencionó que se crean más cadenas de televisión abierta y, en materia de telefonía, eliminar los costos de interconexión traerá la reducción de las tarifas telefónicas.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (PRD) sostuvo que su partido busca que la lucha por la reglamentación y la transparencia en ese sector se haga posible. Enfatizó que la palabra “monopolio” no ha sido borrada del sector de las telecomunicaciones, “como se había prometido, está ahí en cada uno de los detalles de esta legislación secundaria y permea todos los aspectos regulatorios del uso del espectro radioeléctrico nacional”.

Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) aclaró que su partido votará en contra de la reforma porque “la mayoría de este Congreso no está en disposición a moverle ni una sola coma a la minuta del Senado” y “hubiéramos podido enriquecer esta minuta para beneficio de los mexicanos”. Subrayó que no es suficiente, porque faltaron algunas cosas de Internet, como la neutralidad de la red y otras cosas de televisión.

Para hablar contra el dictamen, la diputada Gloria Bautista Cuevas (PRD) señaló que destinar el 1 por ciento de publicidad oficial a radios indígenas y comunitarios es “una pichicatería”, y propuso eliminar ese porcentaje para lograr el desarrollo de los pueblos indígenas; además, quitar el proceso engorroso para adquirir una concesión para que puedan operar y administrar medios de comunicación.

Enseguida, el diputado Luis Antonio González Roldán (NA) habló a favor del dictamen, pues es un nuevo modelo de telecomunicaciones que pone a la vanguardia al país y cuyos cambios tendrán relevancia positiva y directa en los consumidores; asimismo, pone en el centro el interés del ciudadano como usuario, promueve mayor competencia, impulsa la licitación de dos cadenas nuevas de televisión y reconoce el derecho de acceso a banda ancha.

Carlos de Jesús Alejandro (PRD) estimó que la reforma va contra los principios y postulados de la Constitución, que otorga a comunidades indígenas el derecho de adquirir y operar sus medios de comunicación, y viola principios de igualdad y no discriminación. Indicó que la comunicación indígena intercultural es un elemento insoslayable para su supervivencia y desarrollo, por lo que propuso “quitar el nudo para que tengan ingresos por publicidad y se eliminen los requisitos para otorgar la concesión”.

El diputado Tomás Torres Mercado (PVEM) expuso que la reforma contiene cambios cualitativos y contempla aspectos que repercuten de manera positiva en la vida de la gente, por su utilidad para la población, como el sistema de geolocalización para ubicar las unidades desde donde se realiza una llamada, cuando en el país se combate un problema tan severo como el secuestro.

Carlos Angulo Parra (PAN) manifestó su voto en contra del dictamen porque mantiene monopolios activos, “vivos y coleando”, que inciden en el pueblo y las conciencias de los mexicanos. “Hay ciertas regulaciones que se agregaron ahí, pero los contenidos, inconstitucionalmente, están del lado de Gobernación”.

La diputada Martha Gutiérrez Manríque (PRI) señaló que esta reforma es una oportunidad para detonar el desarrollo económico y social mediante las telecomunicaciones y la radiodifusión, refrenda la prohibición de los monopolios y el libre e irrestricto acceso a información veraz y oportuna. Agregó que estos cambios darán un sistema de telecomunicaciones moderno, abierto a la competencia, que atraiga inversiones, cree empleos y sea accesible para ciudadanos.

Previo a la votación en lo general, se dieron a conocer diversos artículos que contienen un total de 549 reservas, que serán presentadas por los legisladores, a las leyes Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; de Inversión Extranjera; Federal de Derecho de Autor; de Amparo, y del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Además, al Código Penal Federal y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, así como a los transitorios Noveno, Decimo, Décimo Tercero, Décimo Noveno, Vigésimo Quinto, Trigésimo Noveno, Cuadragésimo Primero y el Cuadragésimo Tercero.

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