Por: Armando Batun Castañeda
Chetumal.-La Secretaría de Salud, cuya responsable es Alejandra Aguirre Crespo, prácticamente regaló a tres empresas 5.9 millones de pesos de recursos federales, de ahí que la Auditoría Superior de la Federación exige al gobierno de Carlos Joaquín González aclarar el destino de los millonarios recursos.
El dinero debió ser para la construcción de unidades médicas de primer nivel en las comunidades de Dziuché en el municipio de José María Morelos; así como en Ucum y Caobas, en el municipio de Othón P. Blanco.
La auditoría número 1252-DS-GF, realizada a la Cuenta Pública 2018, a los recursos del programa “Proyectos de Desarrollo Regional”, dan fe del “irregular” manejo que realizaron los funcionarios de la Secretaría de Salud de Quintana Roo.
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 5,922,327.69 pesos (cinco millones novecientos veintidós mil trescientos veintisiete pesos 69/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación”, detalla el informe.
El detalle, revela la ASF, es que los Servicios Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo se rescindieron o cancelaron contratos por incumplimiento de las empresas, pero la dependencia no recuperó los anticipos que se entregaron por 5 millones 922 mil 300 pesos y tampoco las garantías de los cumplimientos de los contratos por un millón 974 mil 100 pesos.
En primera, el gobierno del estado a través de SESA, contrató a la empresa Maquimir Construcciones S. A. de C. V. para la construcción por sustitución de la Unidad Médica de Primer Nivel de Dziuché, en José María Morelos y para eso le entregó dos millones 75 mil pesos.
La otra empresa fue Grupo Constructor Pineda García S. A. de C. V. para otra unidad médica en Ucum, a la cual se le dio también dos millones 75 mil pesos de adelanto.
El tercer caso es con la empresa Tochter S. A. de C. V., que según el contrato iba a construir una unidad de salud en Caobas, con un anticipo de un millón 771 mil pesos.
El informe de los auditores le reconoce a Rafael del Pozo Dergal, secretario de la Contraloría, el inicio el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos en el expediente SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0183/2019, pero también dice que está pendiente aclarar la observación.
El 5 de diciembre del año pasado, el gobierno del estado a través de Alfredo Beristain Castillo, director de Contabilidad Gubernamental y Enlace del Gobierno del Estado ante la Auditoría Superior de la Federación documento que intentaron justificar las observaciones, pero no fueron suficientes.
