Por Malix pek
De los cinco valores que se contempla el Código de Conducta de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, quizá el más importante, desde nuestro particular punto de vista es el IV, el principio del Bien Común.
Y esto porque cita textual:
“Normas de conducta:
Los servidores públicos deberán en todo momento:
1.- Poner al centro de las prioridades de su empleo, cargo o comisión, la búsqueda del bien común y el servicio al público.
(sic)”.
El acuerdo fue firmado por Rafael del Pozo Dergal el 8 de enero del 2018.
El Código de Ética, un segundo documento, sustenta en sus considerandos en diversas leyes y normas empezando por la Constitución Política local “que establecen la legalidad, la objetividad, el profesionalismo, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia, eficacia, la equidad, la transparencia, la economía, la integridad y la competencia por mérito que deben observar las personas servidoras públicas en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
(sic)
Que el combate a la corrupción es una natural demanda ciudadana y un reto impostergable para las instituciones gubernamentales. (sic)”.
El documento también fue impulsado por el secretario de la Contraloría y firmado el 14 de octubre de 2019.
Y así podemos citar las diversas normativas en las que se plasman, las responsabilidades y obligaciones de los funcionarios servidores públicos, como el Secretario de la Contraloría, Rafael del Pozo Dergal; el director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), y de la secretaria de Finanzas y Planeación, Yohanet Torres, como el de todos los funcionarios de la administración pública estatal.
El señor titular de la Contraloría afirma que el Sistema Nacional de Fiscalización adjudica la responsabilidad de los recursos federales a la Auditoría Superior de la Federación, deslindandose de la revisión, investigación y control sobre la ejecución de esos recursos a través del Órgano Estatal de Control, o sea, la SECOES.
Sólo faltaría que nos diga que, la Auditoría Superior del Estado es también la única que puede fiscalizar a los entes estatales de acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Quintana Roo.
Luego entonces, ¿para qué sirve tener un a Contraloría si existen las instancias responsables de realizar las fiscalizaciones correspondientes?.
Señor Del Pozo Dergal, no nos puede venir a decir que porque son recursos federales los aplicados por la CAPA, Usted no puede auditar y verificar cómo se ejecutan salvo que la ASF se lo pida por escrito, no solo es risible, es vergonzante.
En todas las leyes, normas, reglamentos y demás documentos que regulan la administración pública local, se establecen como principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos, la obligación de crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, la actuación ética y responsable de cada servidor público.
Además que, los servidores públicos como Usted y todos sus compañeros, especialmente los titulares de las instituciones del Estado, observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad y rendición de cuentas, pero sobre todo, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.
En términos coloquiales quiero entender que, Usted como titular de la Contraloría… ¿podría ver que las dependencias están malversando los recursos federales, pero como no es dinero estatal, pues simple y sencillamente no le interesa y por eso no investiga?
¿Y la transparencia? ¿Y la rendición de cuentas? ¿Y el que la hace la paga?
Ah que chistoso me salió Usted señor Del Pozo Dergal.
