Chetumal.- En su afán por aclarar lo más pronto posible el sonado robo de los 13 millones de pesos cometidos contra Cometra -ocurrido la mañana del jueves pasado en el tramo carretero Chetumal- Mérida (vía corta)-, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) comete serias pifias, como violentar los derechos humanos de los presuntos culpables y no aplicar la justicia como marca la Ley.
En menudo problema se encuentra inmersa la PGJE y su titular, Armando García Torres, debido a que el MPFC destacado en el municipio de Bacalar además de negar al Juez del Sexto Distrito, Reynaldo Piñón Rangel, tener detenidos o arraigados a dos de los tres empleados de Cometra que viajaban en la camioneta el día del incidente, hizo caso omiso a los amparos judiciales que tramitaron a los presuntos culpables.
De acuerdo con la versión de Ángel Gabriel Pool Navarro, abogado contratado por la madre de Pablo Antonio Verde León, hasta el día de hoy –domingo- su representado y Rafael Cocom Rodriguez, guardia y chofer de Cometra, respectivamente, se encuentra en calidad de desaparecidos
Narró que la noche del pasado jueves 13 de agosto, alrededor de las 22 horas, sostuvo una charla verbal con el agente del MPFC de Bacalar, Moisés López, quien negó tener asegurados a los presuntos implicados en el millonario robo.
Acción que también refrendó ante el actuario del sexto distrito, quien por mandato recorrió las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado, la dirección de tránsito, la cárcel municipal de Bacalar, la Policía Federal, la PGR, la Fiscalía Especializada en delitos contra la salud, la cárcel municipal de OPB, el Cereso y la agencia del MPFC de Bacalar, a fin de corroborar que los que tramitaron el amparo no se encontraban detenidos.
-Él (Moisés López) asegura que no están detenidos en Bacalar y que no los vio, pero la verdad es otra, debido a que después del incidente, cuando son rescatados los empleados se Cometra, antes del mediodía del jueves 13 de agosto, fueron llevados a Bacalar-, abundó.
Pool Navarro presume que sus representados se encuentran detenidos de manera ilegal por la Policía Ministerial de la PGJE a fin que presentarlos como culpables del robo. “Es una táctica que usan, a pesar que es violatoria a las garantías individuales”, expresó.
Explicó que la PGJE ha adoptado conductas en la investigación totalmente inquisitoriales ajenas a las establecidas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, cuyos ejes rectores deben ser la transparencia e imparcialidad.
Cabe señalar que fue a las 22 horas con 07 minutos cuando el juzgado sexto de distrito en Chetumal concede el amparo a Pablo Antonio Verde León contra la privación ilegal de la libertad, incomunicación y otros y va dirigido al PGJE, a agentes del MPFC, al director de la Policía Ministerial de Quintana Roo y otros interesados.
Es correcto que el procurador de Justicia de Quintana Roo, Armando García Torres, busque aclarar el sonado caso del robo a Cometra donde hampones se apoderaron de más de 13 millones de pesos, pero es incorrecto que él, a través de sus subordinados violen los garantías individuales de los empleados
