Efecto Mariposa
Por Salvador Pérez Hernández.- El ser humano para su sobrevivencia requiere suplir sus necesidades básicas; comer, beber y dormir, además requiere trabajo y vivienda, sin embargo existen grupos de población marginadas, que por falta de ingresos no pueden acceder a una vivienda, situación de vulnerabilidad que es aprovechada por organizaciones oportunistas para obtener beneficios políticos a través del chantaje y la intransigencia, haciendo uso abusivo de manifestaciones y plantones, para obtener por la fuerza los recursos gubernamentales en “beneficio” para sus agremiados.
En el periodo del Consejo Municipal de Bacalar encabezado por Francisco Flota Medrano, ya había intentado Antorcha Campesina realizar plantones frente a las oficinas de la Presidencia del Consejo Municipal, retirándose sin explicación alguna a los pocos días. ¿Pero cómo obtiene beneficios ésta organización? Primero es necesario precisar de manera fehaciente y documentada que esta organización es temida en todos los estados por los métodos violentos que utiliza para obtener beneficios para sus agremiados, que incluyen el homicidio, secuestro y despojos en propiedad privada.
No obstante que toda persona tiene Derecho a contar con un lugar adecuado para vivir, lugar que sirva de resguardo y refugio como ser humano y para la familia, sin embargo una vivienda debe de contar con elementos básicos como; disponibilidad de servicios, infraestructura, habitabilidad, accesibilidad, por tanto, personas de bajos recursos deberán adquirir un terreno, que cuente con acceso a estos servicios de urbanización; accesibilidad, conectividad, agua, drenaje, energía eléctrica, lo que aleja la posibilidad de compra con recursos propios por parte de la población marginada y que vive en pobreza extrema.
Es necesario saber que el Derecho a la vivienda es un Derecho Humano, conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además en la Constitución mexicana se reconoce el Derecho de las familias a una vivienda digna, sin embargo este Derecho no está contemplado como un Derecho Humano, y no obliga al estado a dotar de vivienda a todos, motivo por el cual no es posible exigir, del mismo modo que las Naciones Unidas establece criterios a fin de no confundir esta garantía con la obligación de construirle casas a todos, por tanto las personas que carecen de vivienda no pueden exigirle al gobierno que les otorgue un terreno o le construya una casa.
La población más afectada por la falta de una vivienda digna se ubica en la zona rural, población que al emigrar a ciudades como la de Bacalar, se encuentran con la imperiosa necesidad de conseguir una vivienda, y es ahí donde organizaciones civiles de tinte partidista los afilian con la promesa de conseguirles una vivienda, cobrándose una cuota “voluntaria” para gastos de representación.
La posibilidad de que personas que se encuentran inscritos al Régimen de Incorporación Fiscal de poder acceder a créditos hipotecarios con el Programa Crezcamos Juntos del Instituto de Vivienda Para los Trabajadores (INFONAVIT), a través de una aportación voluntaria para vivienda, o a través de Sociedad Hipotecaria Federal, bajará sensiblemente la demanda de terrenos y vivienda.
En la demanda de terrenos para vivienda que hacen los integrantes de Antorcha Campesina, esta organización actúa como gestora, ante el gobierno a fin de obtener terrenos que luego legalizan y van pagando los nuevos posesionarios, para lo cual Antorcha Campesina utiliza métodos violentos con el fin de extorsionar a la autoridad municipal, ejerciendo presión a través de plantones, marchas y cierre de carreteras, para lo cual concentra gente que acarrea de otros municipios e inclusive estados, ya que ésta es una Organización con ingente cantidad de recursos, que obtiene a través de cuotas “voluntarias” que les entregan sus adeptos, así como de propiedades como hoteles, gasolineras y propiedades de donde financian sus actividades, utilizando como principal instrumento de negociación el chantaje y la presión.
Como se expuso anteriormente, la entrega de terrenos a estas personas, que están en plantón para ejercer presión contra el Presidente Municipal, Alexander Zetina Aguiluz, no es una obligación Constitucional y de otorgarles sería de manera voluntaria y con anuencia del cabildo, dado que el municipio de Bacalar requiere con urgencia de recursos para mejorar la infraestructura y servicios de la comunidad, se hace imperativo preguntar a los lectores bacalarenses sí; ¿Está de acuerdo que se les regale cerca de 30 terrenos a estas personas que están chantajeando a la autoridad municipal?
