Por: Imelda Hernández.
Chetumal.- A pesar de los esfuerzos que se realiza, difícilmente se podrá resolver y atender a corto plazo el problema de sobrepoblación que existen en el Centro de Reinserción Social (Cereso) donde se encuentran recluidos más de mil 200 internos, mencionó el encargado de la subsecretaría de ejecución y penas, Jaime Ongay Ortiz.
Entrevistado a su llegada al Aeropuerto Internacional de Chetumal, después de asistir a una reunión de evaluación en la ciudad de México, para conocer la situación de las cárceles en Quintana Roo, aseguró que se escucharon las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo (CDHQROO), así como de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Agregó que por parte de la dependencia a su cargo se dio a conocer los trabajos que se han realizado al interior del CERESO en Chetumal, donde con la ayuda de visitadores de estas dependencias y el Poder Judicial en Quintana Roo se le ha podido informar a la población penitenciaria cuál es su situación legal y los trámites que se realizan para que puedan obtener su libertad a la brevedad posible, especialmente primodelincuentes.
Ongay Ortiz, indicó que se hizo lo propio en las cárceles de Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto y Cozumel, donde se están realizando acciones similares; sin embargo, donde existen graves problemas de sobrepoblación es en Cancún ya que existen alrededor de mil 200 personas, cuando la capacidad de este penal es para 500 gentes, lo cual sigue prendido focos rojos entre las autoridades penitenciarias.
Cabe mencionar que en las cárceles del Estado se encuentran recluidas alrededor de 4 mil 507 internos; mil 300 en Chetumal, mil 200 en Cancún, 840 en Playa del Carmen, 645 en Cozumel y 522 en Felipe Carrillo Puerto, donde el 40% purga condenas por delitos graves como narcotráfico, delincuencia organizada, secuestro, homicidio y extorsión, mientras que los restantes acusados por delitos del fuero común como robos, asaltos con violencia, violaciones, y lesiones; entre otros.
Los datos señalan que el 85% son hombres y el 15% mujeres, quienes purgan condenas que fluctúan entre los 5 hasta los 70 años de prisión, donde cada una de estas personas tiene que ingresar a los programas de rehabilitación mediante estudios, capacitación para aprender un oficio y demostrar buena conducta para que puedan obtener su libertad y reintegrarse de nueva cuenta a la sociedad productiva una vez que cumplan con la condena que se les impuso, todo esto bajo el conocimiento y aprobación de los jueces penales.
