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Benito Juarez

Monumental pifia de la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo ó intereses económico$ de por medio?

Cancún.- La justicia de Quintana Roo hace historia nuevamente, al encarcelar a uno de los abogados más destacados de México, y por girar una orden de aprehensión contra empresarios norteamericanos que tienen inversiones por más de 1 billón de dólares en distintas regiones del país, todo bajo argumentos falso con los cuales el Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) armó expediente exprés y de manera sorprendente, el juzgado penal agiliza el trámite.

En conferencia de prensa, los abogados del despacho ABG, Juan Alberto Bermejo, Andrés Acero y Antonio Góngora, respectivamente, dieron a conocer este hecho sin precedente, donde la justicia de Quintana Roo armó un expediente para acusar de asociación delictuosa, uso de documentos falsos y falsificación de documentos.

“Queremos creer que las autoridades quintanarroenses fueron sorprendidas por quienes presentaron la denuncia”.

Explicaron que el abogado, Emilio González de Castilla del Valle, representante en México de la firma Grupo Clarión, y sus  inversionistas Eduardo Baruch Olvera Rangel, James Christian Hendricks, Onay Safiya Payne, Eduardo Medina Siller, Stephen J. Furnary, Jefrey A Usow, Robert J.Kriss y Mathew H. Marmolejo, fueron denunciados por los delitos de falsificación de documentos, uso de documentos falsos y asociación delictuosa.

La denuncia fue presentada por Carlos Tomassi Villamil, que representa la Operadora Punta Maroma, quien pidió un financiamiento de 37 millones de dólares para la construcción de un complejo hotelero denominado Capella Bahía Maroma, ubicado en Punta Maroma en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Esta obra no se terminó, porque Carlos Tomassi Villamil, falseó información y de 37 millones de dólares, terminó pidiendo 48 millones de dólares, y aun la obra estaba inconclusa, situación que causó sospechas y los inversionistas retiraron el financiamiento al descubrir que no se utilizó el dinero para lo que había sido contratado.

Al reclamar la devolución de los 49 millones de dólares, Tomassi Villamil inventó delitos y primero denunció en la Ciudad de México, pero le fueron negadas las órdenes de aprehensión al corroborarse que no había delitos qué perseguir.

Sin embargo, los abogados usaron a la justicia de Quintana Roo,  donde presentaron una denuncia penal contra el abogado Emilio González de Castilla del Valle, y contra todos los inversionistas norteamericanos.

La denuncia se presentó ante el Ministerio Público de Playa del Carmen, motivo por el cual se integró la causa penal 2249/2014, donde el juez otorga la orden de aprehensión contra todos los acusados.

Con tal denuncia formal, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó colaboración para detener y encarcelar al abogado, e iniciar los procesos solicitando a la INTERPOL la orden de aprehensión contra los empresarios norteamericanos.

En la Ciudad de México fue detenido González de Castilla del Valle, y es trasladado a Playa del Carmen, donde es encarcelado, pero al poco tiempo quedó en libertad tras el pago de una fianza, sin embargo, el juez, rectifica y otorga el auto de libertad, en un intento por reparar su error.

Todos los empresarios norteamericanos, que tienen inversiones por más de 1 billón de dólares en México, se encuentran amparados contra la orden de aprehensión, toda vez que ésta persiste.

Los empresarios norteamericanos reclaman el pago del dinero prestado a Carlos Tomassi Villamil, una cantidad cercana a los 50 millones de dólares, o en su caso, que entregue la propiedad para la recuperación del dinero.

Emilio González ha sido catedrático de la Escuela Libre de Derecho, ex presidente Barra Mexicana Colegio de Abogados, presidente del Instituto Mexicano de Arbitraje, miembro del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, presidió la Comisión de Ética en la International Bar Association y en la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Es uno de los abogados más respetados en el ámbito internacional, sin embargo, la PGJE de Quintana Roo, armó el expediente en tiempo récord, toda vez que los tiempos de entrega de las pruebas y la velocidad con que se logró la orden de aprehensión, es muy notoria.

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