Salvador Pérez Hernández
Es necesario que se aprueben leyes que permitan al ciudadano armarse para protegerse a sí mismo y a sus familiares, debido a que el estado ha perdido la capacidad de cumplir con su obligación; la de garantizar la seguridad a la ciudadanía, pues la delincuencia organizada le ha ganado la partida y muchas veces las corporaciones policiacas están infiltradas por elementos del crimen organizado, llegando en algunos casos a ser los mismos comandantes policiacos las cabezas de grupos de secuestradores o del narcotráfico.
El Derecho a poseer armas de fuego está consagrado en el Artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo al igual que muchos otros Derechos de los llamados Constitucionales, es letra muerta, dejando en la indefensión y a merced tanto del crimen organizado como del delincuente común, al ciudadano y a las familias, violando el Derecho de los mexicanos a la seguridad personal.
Ya en estados Unidos James Madison y Alexander Hamilton reconocieron que el ejército podría extralimitarse, vulnerando los Derechos de los civiles, lo que hacía necesario expedir leyes que garantizaran a la población el Derecho a portar armas; que les permitiera tanto integrar milicias estatales como hacer valer el Derecho a la integridad personal, ya que la prohibición del uso y portación de armas por parte de la población civil sólo demuestra que el estado quiere garantizar el control y sometimiento de la población tal como lo hacen los estados totalitarios donde las libertades está severamente restringidas.
En el mismo sentido la Constitución mexicana de 1857 otorgaba el Derecho a la posesión y portación de armas, Derecho que fue limitado en la Constitución de 1917, la cual limita el calibre de las armas que pueden poseer y prohíbe la portación de armas en lugares públicos, aunque legalmente las armas permitidas pueden ser transportadas con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, pudiendo ser para uso defensivo, deportivo y cinegético, sin embargo en la práctica es casi imposible obtener estos permisos.
En el anverso de la moneda, las empresas de seguridad privada cuentan con más facilidades para obtener permisos para la portación de armas y son el camino más viable para aquellos que tengan los medios para crear este tipo de empresas de “seguridad” donde de manera legal, los criminales pueden crear pequeños ejércitos privados, situación que deja en desventaja a la ciudadanía para defenderse, pues sólo el estado y la delincuencia tienen el monopolio para el uso de armas de fuego.
Como quedó demostrado en el conflicto de la tierra caliente michoacana, existe el monopolio del uso de la fuerza y la portación de armas por parte del gobierno y del crimen organizado, de manera que cuando las autodefensas del Dr. José Manuel Mireles e Hipólito Mora enfrentaron al grupo criminal de “Los Caballeros Templarios” (quienes contaban con verdaderos arsenales) hasta derrotarlos, la autoridad federal actuó siempre a favor de la desarticulación de estos grupos de autodefensa encarcelando a más de 400, entre ellos al Dr. Mireles, quien sigue preso del mismo modo que 70 de sus seguidores; por el delito de “Portación de Armas de Uso Exclusivo del Ejército”.
Las milicias conformadas por ciudadanos como el caso de los llamados autodefensas, demostraron que la ciudadanía puede enfrentar a la delincuencia e inclusive derrotar y desarticular al crimen organizado, como lo fue en su momento la poderosa organización llamada “Los Caballeros Templarios” y después conocida como “La Familia Michoacana”
Por lo que la propuesta que hace el Senador del Partido Acción Nacional (PAN); José Luis Preciado no es del todo irracional como han manifestado importantes sectores de la sociedad, pues busca modificar la Ley General de Portación de Armas de Fuego y Explosivos, para que en los negocios se pueda contar con armas para la autodefensa, y es acertado en su afirmación que dice: “Vamos a pedirle al gobierno que, si no nos puede defender, que nos deje que nos defendamos nosotros”.
La delincuencia y el crimen en México, crecen día con día, derivado de una crónica crisis económica que deja sin oportunidades de obtener trabajo a las nuevas generaciones de jóvenes, de manera que se calcula que viven de la delincuencia ya sea común u organizada alrededor de un millón de personas, lo que deja sin capacidad de reacción a los cerca de 350 mil policías que trabajan en las corporaciones policías del país, situación agravada por la cultura de impunidad, por lo que es momento de que el gobierno permita a la ciudadanía; dedicada a actividades legítimas, auto defenderse.
La influencia que ejerce nuestro vecino del norte; Estados Unidos, puede influir en la percepción y análisis de la propuesta del Senador Preciado, dado que en ese país, la tendencia del partido en el gobierno es limitar el uso y portación de armas de fuego, debido principalmente a los asesinatos multitudinarios cometidos por solitarios pistoleros, ya sea por fanatismos religiosos o problemas mentales.
A pesar de que la portación de armas daría a la población la oportunidad de defenderse de los criminales de baja estofa, son muchos los que se oponen, debido al temor de que la delincuencia común se arme y haya más víctimas mortales por la incapacidad del estado de garantizar el Derecho a la Seguridad y por otra parte que el ciudadano común haga mal uso de las armas.
