Finalmente, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que encabeza Rosaura Arzápalo Villanueva tiene la oportunidad de darle un gran golpe a los resquicios del equipo del ex gobernador Roberto Borge.

Doña Rosaura podría llevar ante un juez a Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y hermano del diputado local José de la Peña.

A la Fiscalía Anticorrupción se le ha cuestionado insistentemente, porque de casi todos los de la administración anterior que llegaron al juzgado oral, muchos se encuentran nuevamente en la calle, y la reparación del daño al erario estatal ha sido mínimo.

Sin embargo, en el caso de Patricio de la Peña, la situación toma tintes especiales por el tamaño del expediente que ha logrado armar Arzápalo Villanueva.

A Patricio de la Peña Ruiz de Chávez se le vincula con una serie de fraudes para despojar propiedades de todos los tipos a hombres de empresa bajo una elaborada red que empezaba con juicios laborales.

El más relevante quizá es el de las Torres Maioris en Cancún de las que el año pasado se logró la recuperación de algunos departamentos de los 17 pisos que albergan 92 suites del complejo ubicado en una zona de alta plusvalía.

Además de las Torres Maioris, hubieron otras empresas como Pochteca y Planigrupo que fueron despojadas y denunciaron públicamente a esta red que iniciada desde la STyPS que encabezaba Patricio de la Peña.

Además del exsecretario del Trabajo, Patricio de la Peña; también se denunciaron al subsecretario del Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; al presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila; y al exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), Carlos Lima, quien posteriormente, en este gobierno, fue nombrado magistrado por el Congreso local a propuesta del propio Gobernador.

Hace cuatro años la Revista Expansión documentó ampliamente como se realizaban estos despojos.
Aquí parte del reportaje:

“ Funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llegan a los terrenos puestos en la mira, sin orden escrita, pero sí con cuatro camionetas llenas de policías municipales armados, o incluso con grupos de choque quienes cubiertos de sus rostros, cargan con palos y machetes, para embargar hoteles.

Por medio de la falsificación del registro de la propiedad, con nombres falsos tanto de los dueños como de los trabajadores, los funcionarios llegan a estas propiedades alegando que, debido a la multa (de 200 millones de pesos) generada por el despido injustificado de empleados (quienes, por cierto ganaban más de 700 mil pesos al mes), la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene el deber de arrebatar (o embargar) dicho terreno.
De esta manera, la red de funcionarios allegados a Roberto Borge, ha despojado los hoteles Playa Azul, las Cabañas Ixchel, Dos Ceibas y Puerta del Cielo.

Las empresas locales e internacionales estafadas, como Pochteca y Planigrupo, denunciaron que esto se logró por medio de juicios laborales falsos o manipulados con la Junta de Conciliación y Arbitraje, así como a través de compras irregulares respaldadas por el Registro Público de la Propiedad”.

Hasta aquí el extracto de la Revista Expansión.

Tras largos cuatro años de investigación y recopilación de pruebas, finalmente parece que la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, tiene los pelos de la burra en la mano y podrá fincarle responsabilidades a Patricio de la Peña.

Todas las documentales indican que por sus manos pasaron toda esta serie de fraudes y despojos y es, muy probable, que en los próximos días lo estemos viendo comparecer ante un juez de control.
Ya era hora que se aplicará la frasecita esa, que no ha dado mucho resultado, de “el que la hace la paga”.

Chetumal, Q, Roo. 30 marzo 2020.