El sector privado pidió que en 2017 se libere el precio de las gasolinas en todo el país y no sólo en algunas regiones, además de la deducción total de las prestaciones laborales y descartar cualquier intento de subir los impuestos especiales a bebidas y alimentos.
En el marco del análisis del paquete económico para 2017, organismos integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentaron sus propuestas y peticiones en materia fiscal a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
En audiencias públicas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, expresaron su preocupación por la propuesta incluida en el paquete económico 2017, para diferir el derecho de acreditar y en su caso devolver el IVA pagado en periodos preoperativos, hasta el momento que se obtengan ingresos.
El presidente de la Comisión Fiscal del CCE, Pablo Mendoza García, dijo que este tema es el de mayor preocupación para el sector privado, ya que inhibirá la inversión productiva y no generará certeza jurídica, por lo cual pidió su derogación.
Para que un sistema impositivo sea exitoso, debe promover la inversión productiva, la generación de empleo y el ahorro, pero algunas de la propuestas fiscales incluidas en el paquete económico para 2017 no lo hacen, opinó.
El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Joaquín Gándara Ruiz-Esparza, se sumó a la petición del sector privado para derogar la propuesta que plantea eliminar la acreditación del IVA en fases preoperatvas para las empresas.
«Esta iniciativa, de ser aprobada, atenta de manera directa a la inversión privada, tanto nacional como extranjera y afecta al posibilidad de los inversionistas de poder juntar los recursos suficientes», afirmó.
El representante del CCE también se refirió a que para el año próximo se propuso adelantar la liberalización del precio de las gasolinas y el diésel de manera gradual y ordenada en aquellas regiones donde haya competencia, antes de su apertura total en 2018.
No obstante, consideró que dicha liberalización debe ser total en todo el país y no de forma gradual por regiones, a fin de evitar distorsión y la movilización de los consumidores hacia los estados donde el precio de venta de los combustibles pudiera ser menor.
Mendoza García, al igual que los presidentes de las comisiones fiscales de la Concamin, Humberto Portilla, y de la Coparmex, Pedro Higuera, se pronunciaron porque las prestaciones laborales sean deducibles al cien por ciento, y dejen de estar limitadas a 53 o 47 por ciento, como ocurre desde hace dos años.
El presidente de la Comisión Fiscal del CCE pidió que por lo menos, las prestaciones de ley sean deducibles, como el aguinaldo u horas extras, ya que el hecho de que estas sean parcialmente deducibles desalienta la generación de empleos.
El representante de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) dijo a su vez que ante la afectación que han tenido las empresas por la limitación para deducir prestaciones laborales, muchas han dejado de otorgar estos beneficios a sus trabajadores.
El representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expuso en tanto que la deducción limitada de las prestaciones laborales ha provocado un incremento en el costo laboral de entre 3 y 8 por ciento, lo que solo alienta los empleos informales.
Dijo que de acuerdo con un estudio de la Coparmex y la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores (AMAC), los trabajadores más afectados por esta deducción parcial son los operativos y sindicalizados.
Higuera dijo que si bien en días pasados la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la deducción parcial de deducciones laboral, los diputados deben hacer un mayor análisis y reflexión sobre este tema.
Por otra parte, el representante del CCE consideró que si bien el paquete económico para 2017 no incluye nuevos impuestos ni alzas a los ya existentes, no sería viable ni conveniente pensar en incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas o algunos alimentos.
Afirmó que el impuesto especial a los refrescos ha sido regresivo, ya que no ha logrado su objetivo de reducir la obesidad, por lo cual los legisladores deben considerar otras medidas para incrementar la recaudación tributaria.
No obstante, durante estas audiencias públicas, organizaciones civiles como la Fundación Interamericana del Corazón México y la Coalición ContraPESO, propusieron actualizar a la inflación los impuestos especiales que ya se aplican tanto a los cigarros, como a las bebidas azucaradas.
