Por Mario Castillo
Chetumal.-Los amañados convenios de grúas y corralones otorgadas en Quintana Roo a empresas privadas como Chetumal, Del Carmen, Cardona y Abimeri, que durante décadas han lacerado los bolsillos de la sociedad, penden de un hilo ante la llegada del nuevo gobierno encabezado por Carlos Joaquín, que trae la consigna de imponer un orden a través de acciones contundentes en todos los esquemas.
Y es que en el caso particular de Chetumal como capital del estado, tanto la empresa Chetumal propiedad de la “destacada priista” Sara Esther Muza Simón; como Del Carmen, de la que es dueño José Luis Alamilla Baños, titular de la Secretaría de Seguridad pública en tiempos de Mario Villanueva Madrid, han puesto de rodillas a la sociedad quintanarroense ante los excesivos cobros por traslado de vehículos y estancia de corralón al amparo de corruptas autoridades.
Incluso miles de ciudadanos han perdido autos y motocicletas dado que las tarifas de traslado de grúas y las estancias corralones, sumadas al precio de la infracción a pagar ante la Dirección de Tránsito, son tan elevadas y superan el precio de su propiedad que prefieren perderla a seguir alimentando a las voraces concesionarias particulares.
En este sentido, el gobernador Carlos Joaquín González aseguró que analizarán las condiciones en que operan las grúas y corralones en toda la entidad, como parte del orden que se pretende imponer en cada esquema de los servicios que se prestan a la sociedad en general, y que como este caso, atentan contra la economía.
Dijo el Mandatario quintanarroenses que este tipo de acciones son necesarias, ya que aún y cuando se tocan intereses incluso más allá de lo económico, afirmó no le temblará la mano para “poner orden y darle un servicio a la comunidad como debe de ser”.
El secretario de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos, consideró oportuno verificar a estas empresas para en su caso modificar el modo de operar, así como el coordinarse con las instancias correspondientes para regular los precios que estas cobran de forma excesiva a los usuarios.
“Nos vamos a coordinar para ver cómo se están llevando los cobros, con que fundamentos, cuales son las tarifas y quien se las otorga, para poder homologar esto en coordinación con las instancias de transporte y aquellas que otorgan las patentes, a fin de regular y apoyar a la sociedad quintanarroense”, añadió.
Pero dejo en claro que con un buen proyecto a futuro, el Estado bien podrían hacerse cargo de prestar este servicio que tanto requiere la ciudadanía, para desplazar a dichas empresas encumbradas bajo el manto protector de pasadas administraciones priistas.
Explicó Del Ángel campos que a largo plazo es algo que requiere de una fuerte inversión de recursos. Sin embargo destacó que de manera inmediata tomarán medidas junto con la Dirección de Tránsito para poner un control a la operatividad de estas voraces empresas privadas.
Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, dijo que temas como éste tienen que ver con la falta de actualización de los marcos legales, y que por conveniencia restaron de la atención de los anteriores gobiernos para favorecer con jugosos convenios a determinadas empresas privadas.
“La falta de regulación, es decir un poco de anarquía, permitía a los anteriores gobiernos meter manos y tomar sus propios acuerdos fuera de la Ley para favorecerse”, refirió.
Señaló que para poner un freno a la serie de anomalías que han surgido respecto a la operación de los prestadores de servicios de grúas y corralones en Quintana Roo se requiere de un trabajo coordinado “Donde el Ejecutivo presente en iniciativa lo que a su juicio considere que deba ser modificado en Ley, y la Legislatura analizar que a través de Reformas se pueda regular”, abundó.
No obstante, agregó que si esto se ve y analiza –dentro del costo beneficio- como un servicio que se le presta al ciudadano que se ve involucrado en algún accidente o evento de tipo vial, lejos de favorecer a empresas privadas “El estado y los ayuntamientos deberán ser audaces y buscar como ese servicio se lo presten a los ciudadanos a un precio accesible y que de igual manera deje ingresos a las arcas públicas y no así a particulares”, detalló Martínez Arcila.
