Por Victoria Castro Chávez
El sistema de procuración e impartición de justicia en Quintana Roo funciona bajo una lógica de filtración progresiva. Aunque semanalmente las autoridades reportan avances en detenciones y judicializaciones, las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Tribunal Superior de Justicia (TSJQROO) muestran que únicamente una pequeña parte de las personas vinculadas a proceso termina recibiendo una sentencia condenatoria.
De acuerdo con reportes del Sistema Penal Acusatorio, el porcentaje de efectividad resolutiva se mantiene en un rango aproximado de entre el 15% y el 20% respecto al total de personas que son vinculadas formalmente ante un juez.
En términos prácticos, mientras los jueces de control dictan entre 30 y 41 vinculaciones a proceso durante determinados periodos de evaluación, las sentencias condenatorias definitivas apenas oscilan entre 4 y 8 casos. Esto representa una tasa de conversión cercana al 19%.
Sin embargo, especialistas y autoridades explican que este fenómeno no necesariamente implica impunidad directa, sino que responde al funcionamiento del propio modelo penal acusatorio, el cual prioriza mecanismos alternativos de solución de conflictos para determinados delitos.
En Quintana Roo, gran parte de las vinculaciones corresponden a delitos relacionados con narcomenudeo y robos simples o calificados, conductas donde la ley permite aplicar medidas distintas al juicio oral tradicional.
En muchos casos, los imputados acceden a:
- suspensión condicional del proceso,
- acuerdos reparatorios,
- medidas cautelares,
- o programas de rehabilitación y supervisión judicial.
Bajo estas figuras legales, el procedimiento puede concluir sin necesidad de llegar a una sentencia condenatoria formal emitida por un tribunal.
Por ejemplo, en delitos patrimoniales, la legislación privilegia la reparación del daño económico a la víctima. Una vez alcanzado el acuerdo ante instancias de mediación, el proceso penal puede extinguirse.
En contraste, el panorama cambia en delitos considerados de alto impacto, como:
- homicidio calificado,
- feminicidio,
- secuestro,
- y extorsión.
En estos casos, las salidas alternas están restringidas por ley y la mayoría de los procesos concluye mediante sentencia, muchas veces a través del procedimiento abreviado, mecanismo donde el acusado acepta su responsabilidad a cambio de una reducción de la pena.
Los datos operativos también evidencian otra realidad: el enorme volumen de denuncias que no logra avanzar dentro del sistema judicial.
Según reportes de la FGE, cada semana se inician aproximadamente entre mil y mil 30 carpetas de investigación en Quintana Roo. No obstante, más del 90% de esos expedientes comienzan sin personas detenidas.
De ese universo, únicamente entre el 3% y el 4% consigue reunir los elementos suficientes para judicializarse y derivar en una vinculación a proceso.
Finalmente, el embudo estadístico se reduce aún más: menos del 1% del total de denuncias presentadas semanalmente concluye en una sentencia condenatoria firme.
El modelo penal actual, sostienen especialistas, descansa principalmente en mecanismos de mediación, reparación del daño y soluciones alternas, reservando las sentencias judiciales para los delitos considerados de mayor gravedad e impacto social.
