CHETUMAL, Quintana Roo.- La propuesta para reformar el Código Penal de Quintana Roo y endurecer las sanciones por denuncias falsas ha abierto un debate sobre el equilibrio entre combatir el abuso del sistema de justicia y garantizar que las víctimas puedan denunciar sin temor a represalias legales.
La iniciativa, presentada el 25 de mayo de 2026 por el diputado Hugo Alday Nieto, del Partido del Trabajo, plantea modificar el artículo 224 e incorporar el artículo 224 Bis del Código Penal estatal, con el propósito de fortalecer las sanciones contra quienes, de manera deliberada, acusen falsamente a otra persona de la comisión de un delito.
De acuerdo con la propuesta, las denuncias falsas generan un impacto significativo en el sistema de procuración de justicia al provocar investigaciones sin sustento, movilizar recursos humanos y materiales, además de afectar la reputación y los derechos de personas señaladas injustamente.
Entre los cambios planteados también se contempla establecer agravantes cuando este tipo de conductas sean cometidas por servidores públicos, con el fin de impedir que se utilicen las instituciones del Estado para perjudicar a particulares mediante acusaciones infundadas.
No obstante, uno de los aspectos que mayor discusión ha generado es la diferencia entre una denuncia falsa presentada con la intención de engañar a la autoridad y una denuncia formulada de buena fe que, por falta de pruebas, no logra acreditarse durante la investigación.
Especialistas en materia jurídica y organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que cualquier reforma deberá dejar claramente establecido que la responsabilidad penal únicamente proceda cuando se demuestre el dolo, es decir, la intención consciente de fabricar hechos falsos o acusar deliberadamente a una persona inocente.
Advierten que una legislación ambigua podría generar un efecto inhibidor, particularmente en delitos como violencia familiar, abuso sexual o amenazas, donde con frecuencia las investigaciones enfrentan dificultades para reunir pruebas suficientes, pese a que los hechos denunciados puedan haber ocurrido.
Al mismo tiempo, reconocen que también existe el problema contrario: el uso de denuncias penales como mecanismos de presión en conflictos familiares, laborales, políticos o económicos, situaciones que pueden provocar daños a la reputación, gastos legales, afectaciones emocionales y procesos judiciales prolongados para personas inocentes.
La iniciativa permanece en análisis dentro de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado, donde deberán definirse aspectos fundamentales como los elementos necesarios para acreditar una denuncia falsa, las garantías para proteger a quienes denuncien de buena fe, los controles cuando intervengan servidores públicos y la proporcionalidad de las sanciones propuestas.
El debate legislativo gira, en esencia, sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre dos principios fundamentales: proteger a las personas frente a acusaciones fabricadas y garantizar que cualquier ciudadano pueda acudir a las autoridades a denunciar un delito sin que el temor a una posible sanción limite el acceso a la justicia.
