Chetumal, Quintana Roo. – Este día se cumplen 118 años sobre la creación del Territorio de Quintana Roo con una extensión territorial de 58,000 km 2, señalada en el Art. 43 de la Constitución General de la República de 1857, en el que se delimitaron los bordes fronterizos entre los vecinos estados de Yucatán y Campeche.
Sin embargo, fue en el año de 1996, tras creación del municipio de Calakmul por decreto del Congreso de Campeche, cuando se despoja de una considerable franja a los límites de Quintana Roo de su proporción territorial de origen, e inició un conflicto jurídico el cual se viene arrastrando desde hace 24 años.
El 3 de enero de 1997, surgió el Comité Cívico Pro Defensa de los Límites del Estado de Quintana Roo, como una asociación civil coadyuvante en acciones jurídicas, administrativas, sociales y culturales, con el objetivo de promover la defensa de la soberanía e integridad de nuestro estado. No obstante, el 21 de mayo del 2014 se realizó la Asamblea Ordinaria se nombró a Reinaldo Blanco Baeza como Presidente y a los demás integrantes de la directiva. Por lo tanto, a 6 años de distancia después de haberse elegido a la nueva dirigencia, lo cierto es que los resultados han sido inexistentes, y solo se ha usado este “movimiento de defensa territorial” para satisfacer intereses particulares, secuestrando a la agrupación para fines económicos y políticos.
Lo que parecía el resurgimiento de la lucha cívica digna y legítima con la representación de Reinaldo Blanco Baeza, tras el pésimo desempeño de su antecesor, Ramón Villanueva García, este se ha convertido en una decepción más, puesto que las «acciones» sólo han sido para lucrar y obtener beneficios al grupo que está al frente.
Como se recordará, en su momento “La pelusa” Villanueva fue duramente señalado por “vender” a los gobiernos en turno la bandera de “defensa de los límites” y disminuir la presión social, negociando a cambio la asignación de presupuesto público tanto en el Gobierno del Estado como el Congreso de Quintana Roo, recibiendo apoyos para disponer de oficinas formales, vehículos, personal administrativo pagado con recursos públicos, así como una generosa partida para “representar” a los quintanarroenses en el conflicto entre Campeche y Yucatán.
Asimismo, José Alberto Novelo España, quien en su oportunidad fue integrante del “movimiento”, fue señalado y hasta denunciado por Blanco Baeza de apoderarse y usurpar la “presidencia” del Comité Cívico, en plena disputa por el “botín” que representa estar al frente de la asociación civil, al darse a conocer el monto del recurso de aproximadamente $60,000 pesos al mes y “apoyos adicionales” que recibió en la gestión del ex gobernador Roberto Borge Angulo.
Tras el pleito legal, desde el 2014, Reinaldo Blanco Baeza, actual presidente, se ancló en la directiva, puesto que estatutariamente se ha vencido el término de su periodo al frente del Comité, recurriendo a las mismas prácticas desleales a la defensa limítrofe de sus antecesores, estableciendo “acuerdos” con el Gobierno de Carlos Joaquín, y el Congreso de Quintana Roo, desde el periodo del panista Eduardo Martínez Arcila.
En las elecciones del 2016, Reinaldo Blanco, con el membrete del “grupo cívico” encabezó varios mítines a favor de la alianza PAN-PRD a la gubernatura a favor de Carlos Joaquín, sirviendo como “comparsa” política y desvirtuando los fines auténticos ciudadanos por el que fue creado. Ahora, dirige sus intereses para servir de “comodín” a MORENA y el PVE, tal y como lo ha demostrado en las recientes “acciones sociales” con Gustavo Miranda García, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) en la XVI Legislatura.
Cabe señalar que el Presidente del Comité Cívico Pro Defensa de los Límites del Estado de Quintana Roo, se ha distinguido por su carácter autoritario asumiendo decisiones unilaterales al frente de la directiva, así como ha ejercido una gestión poco transparente de los recursos recibidos por instancias públicas, pues se sabe que recibe asignaciones del poder Ejecutivo y Legislativo del Estado, donde un grupo de ciudadanos pertenecientes a un “Comité Ciudadano” de Chetumal han solicitado los montos destinados la «causa» ante la Unidad de Transparencia, la cual publicaremos en los próximos días.
Lo peor es que resulta inverosímil que la asociación civil con una supuesta trayectoria en cuanto a este tema territorial, solo esté siendo usada para fines ajenos y para obtener beneficios de unos cuantos, toda vez que los resultados han sido prácticamente nulos . No así, es más destacable la extraordinaria labor que ha ejercido el luchador social Andrés Blanco Cruz en un corto tiempo, quien mediante recursos legales ha logrado por ordenamiento federal que la administración estatal ejerza obligatoriamente actos de gobierno para suministrar agua a varias comunidades afectadas por la disputa limítrofe.
Este hecho es una deshonra para los supuestos “luchadores” apropiados de una organización con desgaste y cuya existencia solo ha sido un «cetro» de lucro y una carga al erario público del Estado desde años anteriores. Triste, pero real, y más cuando quien dirige el “civismo” defensor se pretende incrustar vitaliciamente al frente del Comité, pues luego de la exigencia de “reformarse» el capítulo IV, Art. Décimo Noveno “La administración de la asociación estará a cargo del presidente del Comité Estatal, quien desempeñará sus funciones sus funciones por un periodo INDEFINIDO…”, en el cambio del acta constitutiva en 2014, este directivo desea perpetuarse por un tiempo prolongado para seguir con el disfrute de las destilantes mieles y las canonjías que se desprenden de este conflicto territorial, la cual se ha convertido en un verdadero litigio pero de vivales.
