Chetumal, Quintana Roo, 13 de febrero de 2017 .- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo que preside Harley Sosa Guillén emitió la Recomendación General 01/2017 en atención al tema de salud pública sobre los embarazos no planeados y/o no deseados en adolescentes del Estado de Quintana Roo.
Con base en información de estudios de instancias públicas nacionales y de asociaciones civiles en el estado como REDefine Delegación Quintana Roo y Red Posi+hiva, el foco de atención en la materia estriba en que la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres adolescentes de la entidad, ha ido en un lento avance, las estrategias para contrarrestar los efectos de los embarazos no deseados y/o no planeados de este grupo poblacional han sido mínimos.
De acuerdo a uno de esos estudios (Red Posi+hiva) se tiene que tan solo en 2015, de aproximadamente 276 mil adolescentes que vivían en Quintana Roo, el 25% de esta población estaban embarazadas (15-19 años). También se deja entrever la falta del reconocimiento y ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, derivado de la falta de diagnósticos y/o estudios en la materia por parte de las instituciones del estado, la insuficiente educación sexual y reproductiva y en el acceso limitado a los servicios de salud para este grupo específico de población. .
Por tanto la CDHEQROO estimó necesario hacer un llamado al Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA), para que en el ámbito de sus respectivas competencias, propicien un desarrollo adecuado para este grupo de población en el estado, observando y respetando en todo momento sus derechos humanos.
En el documento se reconoce la importancia de la instalación y funcionamiento del GEPEA, sin embargo las acciones y estrategias implementadas en Quintana Roo, aún no permean en resultados óptimos para contrarrestar los embarazos no planeados y/o no deseados en la población adolescente.
Vulnerando así los derechos humanos de este grupo relacionados con la igualdad, trato digno y no discriminación, así como el acceso a métodos anticonceptivos y a recibir información de calidad con conocimientos éticos y científicos como: a decidir cuándo y con quien iniciar una vida sexual y el número y espaciamiento de los hijos, entre otros. Éstas son consideradas en su conjunto como violaciones al derecho a la educación y violaciones al derecho a la protección de la salud, contraviniendo diversos instrumentos internacionales, nacionales y locales.
Por lo anterior la recomendación se compone de siete puntos encaminados entre los que se destaca elaborar un diagnóstico estatal sobre el nivel de sensibilización y conocimiento de los adolescentes (varones) en temas de educación sexual y reproductiva, ya que hasta ahora, la mayoría de las encuestas están dirigidas a las adolescentes, para conocer la situación real de los derechos sexuales y reproductivos en la entidad, sus causas y efectos.
De igual manera sobresale el punto dirigido a la Secretaría de Educación para elaborar un estudio sobre el nivel de sensibilización y conocimiento del personal docente que orienta en materia de derechos sexuales y reproductivos a las y los adolescentes con la finalidad de proveer al personal las herramientas, lineamientos, manuales y capacitaciones con enfoque de género y derechos humanos, para realizar consejería, actividades, pláticas y talleres con las y los adolescentes en el salón de clases.
