Por Victoria Castro Chávez
La opacidad y los incumplimientos en materia de transparencia continúan marcando a varios municipios de Quintana Roo, donde persisten rezagos en la publicación de información financiera, presupuestal y administrativa, pese a las obligaciones legales que exigen mantener actualizados sus portales oficiales y la Plataforma Nacional de Transparencia.
Entre los ayuntamientos con mayores señalamientos destacan Benito Juárez, Tulum, Playa del Carmen, Bacalar, Lázaro Cárdenas y José María Morelos, municipios que han acumulado observaciones por información incompleta, falta de actualización de datos públicos y dificultades para transparentar el ejercicio de recursos.
En Tulum, las críticas escalaron incluso al interior del Cabildo. La síndica municipal Rifka Renee Queruel Nussbaum denunció públicamente opacidad durante el proceso de aprobación de la Cuenta Pública 2025, al asegurar que no recibió información suficiente para revisar ingresos, egresos y estados financieros del Ayuntamiento.
La funcionaria sostuvo que la Comisión de Hacienda no pudo analizar previamente la documentación financiera y cuestionó que se pretendiera aprobar el manejo presupuestal “a ciegas”. Además, acusó obstáculos para acceder a información patrimonial y presupuestal del municipio.
El Ayuntamiento de Tulum también mantiene observaciones relacionadas con la actualización de obligaciones de transparencia, particularmente en rubros sensibles como contratos, auditorías, gastos de comunicación social y resultados financieros trimestrales, información que por ley debe permanecer disponible y accesible al público.
En Benito Juárez, los principales cuestionamientos se concentran en la falta de apertura total sobre el uso de recursos públicos y contratos relacionados con publicidad oficial. Aunque el Ayuntamiento de Cancún ha difundido parte de su información presupuestal y calendarios de egresos, organizaciones civiles y medios locales han señalado reservas de información y dificultades para acceder a contratos completos de comunicación social y gasto gubernamental.
Playa del Carmen también ha enfrentado señalamientos por inconsistencias en la publicación de información financiera y rezagos en la actualización de datos públicos, principalmente en temas relacionados con obra pública, adjudicaciones y presupuestos municipales, en medio del acelerado crecimiento urbano de la Riviera Maya y mayores exigencias de rendición de cuentas.
Mientras tanto, municipios con menor capacidad administrativa, como Lázaro Cárdenas y José María Morelos, continúan arrastrando problemas estructurales que impactan directamente en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Entre las principales deficiencias detectadas destacan portales incompletos, enlaces rotos, apartados vacíos y retrasos en la carga trimestral de información financiera y administrativa.
La Ley de Transparencia de Quintana Roo obliga a todos los municipios a publicar información relacionada con presupuestos, nóminas, contratos, auditorías, programas sociales, salarios y ejercicio de recursos públicos. Sin embargo, en la práctica, los ciudadanos continúan encontrando obstáculos para acceder de manera sencilla y actualizada a esos datos.
Además, persiste una contradicción institucional: mientras los ayuntamientos presumen avances en gobierno abierto y combate a la corrupción, continúan acumulándose denuncias y observaciones por incumplimientos en obligaciones básicas de transparencia y acceso a la información pública.
La opacidad en los municipios no solo afecta la rendición de cuentas, sino que también limita la vigilancia ciudadana sobre el manejo del presupuesto, particularmente en municipios turísticos donde el crecimiento urbano, la obra pública y la captación de recursos se han incrementado considerablemente durante los últimos años.
