Por Víctor Castro Chávez
CHETUMAL, Quintana Roo.— La iniciativa presentada por la diputada María José Osorio para prohibir que actores políticos utilicen apoyos sociales con fines de promoción personal ha abierto un debate que va más allá del plano legal: pone bajo la lupa prácticas arraigadas dentro de la propia clase política estatal.
La propuesta busca adicionar el artículo 400 Bis a la Ley Electoral de Quintana Roo, con el objetivo de impedir que funcionarios públicos y actores políticos difundan imágenes, videos o publicaciones donde aparezcan ciudadanos en situación de vulnerabilidad recibiendo apoyos, como una forma de posicionamiento político.
De acuerdo con la legisladora, el propósito es proteger la dignidad de las personas que solicitan ayuda en momentos críticos, evitando que su condición sea utilizada como herramienta de propaganda.
Sin embargo, el planteamiento llega en un contexto donde esta práctica ha sido constante en la vida política local, incluyendo a integrantes de la propia XVIII Legislatura de Quintana Roo, quienes han sido señalados por recurrir a la gestión social con alta exposición mediática.
La difusión de apoyos —desde despensas hasta ayudas económicas o médicas— acompañada de fotografías, logotipos y mensajes personalizados, se ha convertido en una estrategia recurrente para mantener presencia pública, particularmente en zonas con altos niveles de vulnerabilidad.
En ese sentido, la iniciativa también abre cuestionamientos sobre su viabilidad real, ya que implicaría limitar una de las principales herramientas de posicionamiento político en un entorno donde los procesos electorales comienzan a perfilarse rumbo a 2027.
Además, el Congreso ha enfrentado críticas por priorizar la promoción individual de sus integrantes sobre el trabajo legislativo de fondo, lo que genera dudas sobre la congruencia entre el discurso de la iniciativa y la práctica cotidiana de quienes deberán analizarla y, en su caso, aprobarla.
Aunque la diputada aseguró que no ha recurrido a este tipo de exposición, reconoció que la mayoría de los actores políticos sí lo hacen, lo que refuerza la percepción de que la iniciativa toca intereses generalizados dentro del ámbito político local.
Otro de los retos será definir mecanismos claros de sanción, ya que, sin herramientas efectivas de supervisión y castigo, la reforma podría quedarse en un planteamiento simbólico sin impacto real.
Por ahora, la iniciativa se perfila como una prueba política para el Congreso: avanzar hacia reglas más estrictas que limiten el uso electoral de la asistencia social o mantener una práctica que, aunque cuestionada, sigue siendo ampliamente utilizada.
El debate apenas comienza, pero el trasfondo es claro: en Quintana Roo, la línea entre ayuda social y promoción política sigue siendo uno de los temas más sensibles —y menos regulados— de la vida pública.
