Chetumal.-La mañana de este día, un periodista exhibió durante la conferencia matutina ante AMLO, la asignación millonaria de contratos que ha otorgado directamente el gobierno de Carlos Joaquín en Quintana Roo, en favor de un polémico empresario llamado Jorge Luis Brizuela Guevara mejor conocido como “El Venezolano”.
Según la intervención del comunicador, manifestó que se tiene documentado la asignación de contratos directos por 254 millones de pesos, a este personaje quien se jacta de ser “amiguísimo” del gobernador.
Estas asignaciones presumiblemente de actos de corrupción se ha dado en medio de plena pandemia por el COVID-19 en el Estado, en donde se ha expuesto la adjudicación contratos dudosos a consentidos del actual gobierno.
El periodista expresó frente al Presidente de la República que es importante su intervención, debido a que en Quintana Roo, Carlos Joaquín está usando la emergencia sanitaria para beneficiar a sus círculos más cercanos, tal es el caso de “El Venezolano” a quien se le otorgaron contratos directos —sin licitación— para la instalación de carpas COVID.
Pese a la disyuntiva de ser considerado el “Gobierno del Cambio”, cuestionó que es importante que Joaquín González aclare tales acciones, así como la Federación intervenga inmediatamente para frenar estas posibles irregularidades que causan daño a las finanzas públicas de la Entidad.
Entre la denuncia señaló que los contratos fueron entregados a empresas sin experiencia, recién inscritas en el Registro del Padrón de Proveedores de Quintana Roo. Además, el periodista cuestionó ante AMLO: “Lo peor de ello señor presidente es que una de ellas se registró cuando las obras de las carpas covid ya estaban concluidas, como si esto sólo fuera para llenar un trámite y cobrar el dinero”, sentenció.
Expuso que este polémico empresario Jorge Brizuela de origen extranjero, es conocido por ser gente cercana del Gobernador Carlos Joaquín, que se sabe es prestanombre, asesor y hasta guardaespaldas del mandatario.
Este sujeto fue acusado de establecer contacto con la empresa constructora “Lafer”, a quien se le entregó un contrato de 44 millones de pesos por la instalación de carpas en Chetumal, con fecha del 15 de julio sin estar registrado en el Padrón de Proveedores puesto que el registro señala que se hizo el 4 de septiembre, es decir, casi dos meses después de que se hizo el convenio de prestación de servicios.
Finalmente, reveló que la esposa de Jorge Brizuela, Vanessa Lizeth Vargas Flores, tiene registrada a partir del 31 de marzo a una empresa en el Padrón de Proveedores, y fue apenas en abril cuando recibió contratos por montos de alrededor de 200 millones de pesos.
Esta situación contra el Gobierno de Quintana Roo sale a luz pública cuando reciente Carlos Joaquín ha solicitado a los legisladores del Congreso del Estado su intervención para autorizar un endeudamiento de 820 millones de pesos, sin que exista transparencia en la disposición de los recursos de las arcas públicas, pero sí cuestionables adjudicaciones de grandes contratos a los por de más consentidos de esta gestión de gobierno estatal.
