Por Victoria Castro Chávez
Mientras los principales focos de atención en materia de seguridad suelen concentrarse en ciudades como Cancún o Playa del Carmen por el volumen de denuncias, los reportes oficiales del Modelo Integral para la Sanción de las Violencias (MISVIM) y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) evidencian una problemática menos visible, pero profundamente arraigada en Quintana Roo: la violencia familiar en comunidades rurales e indígenas.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Quintana Roo se mantiene de forma constante entre las primeras entidades del país en carpetas de investigación relacionadas con violencia familiar y delitos de género. Sin embargo, autoridades reconocen que existe una elevada “cifra negra” en las comunidades del interior del estado, donde muchos casos nunca llegan a denunciarse debido a barreras geográficas, económicas y culturales.
Uno de los municipios señalados desde la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es Lázaro Cárdenas, donde el Gobierno Federal determinó la necesidad de aplicar medidas emergentes y focalizadas debido a los altos niveles de marginación y al importante porcentaje de población indígena maya.
En comunidades de la zona maya de Quintana Roo, particularmente en municipios como Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, las mujeres enfrentan condiciones de vulnerabilidad agravadas por el aislamiento territorial y la falta de acceso inmediato a servicios especializados.
La distancia entre las comunidades rurales y los Centros de Justicia para las Mujeres o las agencias especializadas de la Fiscalía General del Estado representa uno de los principales obstáculos para denunciar. En algunos casos, trasladarse hasta una cabecera municipal implica varias horas de camino y costos económicos difíciles de asumir para las víctimas.
A ello se suma la falta de traductores certificados en lengua maya en los primeros puntos de contacto policial y ministerial, situación que dificulta la correcta aplicación de medidas de protección urgentes y limita el acceso efectivo a la justicia.
Otro de los factores señalados en los diagnósticos oficiales es la dependencia económica. En muchas comunidades rurales, las oportunidades laborales para las mujeres siguen siendo reducidas, lo que provoca que los agresores mantengan control total sobre los ingresos familiares. Esta situación deriva frecuentemente en violencia económica y en incumplimiento de obligaciones alimentarias.
Los informes de seguimiento de la AVGM advierten que el reto no se limita únicamente al fortalecimiento policial o judicial, sino que requiere una intervención integral en los entornos comunitarios considerados de riesgo.
Ante este panorama, el Poder Judicial del Estado ha comenzado a agilizar mecanismos para otorgar medidas de protección de emergencia incluso de forma remota, con el objetivo de actuar antes de que las agresiones escalen a consecuencias mayores.
No obstante, colectivos y activistas consideran que la efectividad de la Alerta de Género dependerá de la descentralización real de servicios como atención psicológica, asesoría jurídica, refugios temporales y acompañamiento comunitario en las zonas rurales e indígenas.
Mientras las instituciones buscan fortalecer los mecanismos de procuración de justicia, las cifras oficiales continúan reflejando una realidad persistente: para cientos de mujeres y menores en comunidades vulnerables de Quintana Roo, el hogar sigue siendo el espacio de mayor riesgo.
