Por Victoria Castro Chávez
CHETUMAL, Quintana Roo.- La Comisión Municipal para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida (CITI), un órgano previsto desde 2013 como parte de la estrategia nacional para combatir la explotación laboral infantil, tardó una década en instalarse formalmente en el municipio de Othón P. Blanco.
Aunque el Ayuntamiento informó esta semana sobre la instalación formal y la primera sesión ordinaria de la CITI, encabezada por la presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández, los antecedentes muestran que la creación de este mecanismo no fue resultado de una iniciativa propia del gobierno municipal, sino de un proceso impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante un programa internacional financiado por el Gobierno de Estados Unidos.
El origen de esta política pública se remonta al 12 de junio de 2013, cuando el Gobierno de México creó, mediante acuerdo presidencial, la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CITI), con el propósito de que el modelo fuera replicado en las entidades federativas y municipios para coordinar acciones entre autoridades de los tres órdenes de gobierno en favor de la protección de niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, en Othón P. Blanco ese mandato permaneció sin concretarse durante diez años.
Fue hasta el 6 de diciembre de 2023 cuando el municipio instaló formalmente la comisión, en el marco del proyecto AccioNNAr: Combatir el trabajo infantil y el trabajo forzoso, desarrollado por la Oficina de País de la OIT para México y Cuba y financiado con 13 millones de dólares por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos.
Como parte de ese proyecto, especialistas de la OIT capacitaron previamente a funcionarios municipales el 4 de diciembre de 2023, preparando el proceso que culminó dos días después con la instalación oficial de la CITI. Cerca de 25 servidores públicos participaron en esa capacitación, esquema que también fue aplicado en municipios como Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad e Isla Mujeres.
La cronología revela otro elemento significativo.
El 5 de octubre de 2023, durante la Tercera Sesión Ordinaria del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), las autoridades municipales acordaron crear la CITI. La reunión fue presidida por el regidor Alfredo Ceballos Santiago, en representación de la alcaldesa Yensunni Martínez, mientras que la secretaria ejecutiva del SIPINNA, Guadalupe Higareda Basulto, presentó los avances correspondientes.
Sin embargo, aquel anuncio representó en realidad el reconocimiento de una obligación institucional que llevaba una década pendiente.
La interrogante permanece vigente: ¿habría sido instalada la comisión sin el acompañamiento técnico y financiero de la Organización Internacional del Trabajo?
La respuesta resulta relevante si se considera que Othón P. Blanco fue identificado como uno de los municipios prioritarios del proyecto AccioNNAr debido a sus condiciones de vulnerabilidad, entre ellas la dispersión de comunidades rurales, los flujos migratorios y la dinámica de una economía fronteriza donde persisten riesgos relacionados con el trabajo infantil y la trata de personas.
Durante esos diez años, el municipio operó sin el principal mecanismo institucional diseñado para coordinar acciones entre el Ayuntamiento, el DIF, las áreas de Salud, Educación, Trabajo, la Fiscalía y organizaciones civiles en materia de prevención, detección y atención de casos de explotación laboral infantil.
La ausencia de la comisión significó, en los hechos, la falta de una estrategia integral de coordinación interinstitucional. Cada dependencia actuó de manera aislada o, en algunos casos, simplemente no existieron diagnósticos conjuntos, programas específicos o mecanismos permanentes de seguimiento.
Ahora, con la instalación formal y la celebración de su primera sesión ordinaria, el desafío para la CITI será demostrar que no se convertirá únicamente en un órgano administrativo o protocolario, sino en una instancia capaz de traducir acuerdos en políticas públicas efectivas que garanticen la protección de niñas, niños y adolescentes frente al trabajo infantil.
Después de diez años de retraso, la principal deuda ya no es instalar la comisión, sino hacer que funcione.
