Por Victoria Castro Chávez
Chetumal.-Mientras las anteriores legislaturas del Congreso de Quintana Roo promovieron múltiples iniciativas para modificar la Ley de Cuotas y Tarifas de Agua Potable, reducir cobros y atender adeudos domésticos, la actual XVIII Legislatura mantiene una actividad limitada en reformas directas al esquema tarifario, pese a que continúan las inconformidades ciudadanas por el costo del servicio.
Durante las legislaturas XV, XVI y XVII, diputadas y diputados impulsaron diversas propuestas enfocadas en modificar el sistema de cobro aplicado por CAPA y la concesionaria Aguakán, principalmente en los municipios de Benito Juárez, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres.
Entre las principales acciones legislativas destacaron iniciativas para derogar o reformar el artículo 7 de la Ley de Cuotas y Tarifas, considerado uno de los principales fundamentos de la llamada “cuota mínima” o “cargo base” que deben pagar los usuarios domésticos, aun cuando el consumo sea reducido.
Las iniciativas coincidían en señalar que el esquema vigente provocaba afectaciones económicas para miles de familias, debido a las cuotas mínimas obligatorias, incrementos periódicos, recargos por adeudos, cobros de saneamiento y alcantarillado, así como la falta de claridad en los recibos.
Paralelamente, organizaciones civiles y ciudadanos ingresaron propuestas como la iniciativa “Tarifas Justas de Agua Potable”, respaldada por miles de firmas ciudadanas, en la que se denunciaba que Quintana Roo mantiene algunos de los costos domésticos más elevados del país.
Actualmente, la tarifa doméstica mínima del servicio de agua potable supera los 200 pesos mensuales antes de IVA, incluso para consumos bajos, situación que continúa generando inconformidad social.
Habitantes de municipios concesionados han denunciado durante años cobros excesivos, medidores presuntamente irregulares, dificultades para aclaraciones y acumulación de adeudos que terminan elevando considerablemente los recibos.
En contraste, la XVIII Legislatura ha concentrado gran parte de su atención en la revisión de la concesión de Aguakán y en acciones políticas relacionadas con el Decreto 250, mediante el cual se amplió la concesión hasta 2053.
Uno de los movimientos más relevantes fue la aprobación para abrogar dicho decreto. Sin embargo, hasta ahora no se observan iniciativas enfocadas específicamente en reformar el sistema de cuotas y tarifas domésticas.
Aunque existen posicionamientos sobre el derecho humano al agua y la necesidad de un esquema más justo, el principal reclamo social sigue sin resolverse: el impacto económico que las tarifas de agua potable representan para miles de hogares quintanarroenses.
La discusión legislativa permanece abierta en un contexto donde continúan los programas de regularización de adeudos y las demandas ciudadanas para modificar un modelo tarifario que, según diversas iniciativas presentadas en años recientes, resulta oneroso y poco accesible para buena parte de la población.
