Chetumal.- En contubernio con el Ejido Calderitas, la Secretaría de Desarrollo, Agropecuario Rural y Pesquero (SEDARPE) en Quintana Roo, al frente de Luis Alfonso Torres Llanes, avalaron la ejecución de un proyecto sobre la costera del ejido Calderitas-Luis Echeverría, en el municipio de Othón P. Blanco, pese a que este representa un grave riesgo para la flora y fauna silvestre de esta región en el Sur del Estado.
Este cuestionable proyecto denominado “Rehabilitación del Camino Rural Punta Lagarto-Bocana o Barra San José”, desarrollado por la SEDARPE consistió en la construcción de 8.5 kilómetros de vías de acceso con polvo y piedras, sin embargo, tras una investigación en el sitio por corresponsales de este medio informativo, se constató la estela de daño y destrucción al entorno ecológico, así como se observó que más que una obra establecida como “camino saca cosecha” es el disfraz de intereses perversos que busca la explotación y comercialización de estos terrenos vírgenes sin un plan de sustentabilidad y equilibrio ecológico que garantice la protección del manto acuífero. Los recursos públicos destinados para una supuesta “rehabilitación” fue para una extensión de 5 km, mientras los 3.5 km restantes los invirtió el Ejido Calderitas, según testimonios de habitantes del poblado de Luis Echeverría. Asimismo, se pudo corroborar que el camino fue recién construido y no rehabilitado como se establece en el proyecto original realizado por la dependencia a cargo de Torres Llanes, lo que con llevó a la destrucción del ecosistema acuícola y vegetal en un margen de 30 mil metros cuadrados.
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La apertura del espacio carretero de 6 metros de longitud en un tramo de 8.5 km significó la destrucción de gran cantidad de manglar y la muerte de diversas especies acuáticas; la compactación con sedimentos terrestres y el uso de maquinaria impactó negativamente en la vida silvestre. Incluso, se aprecian peces al borde de la muerte y vegetación seca debido al corte de varios tramos de circulación de cruces de agua.
El proyecto tuvo un costo de $ 4 millones 226 mil 414 pesos 76/100 M.N., la cual fue pagada a la empresa foránea con personalidad física a María Teresa Lozano Guevara, quien fue contratada para la ejecución.
Como si algo se escondiera y cuidando no levantar sospechas, este crimen ecológico se hizo en medio del incierto de la pandemia que afectaba con fuerza nuestra entidad, la construcción se realizó a marchas forzadas y en tiempo “récord”, pues fue durante los meses de abril a junio en el que se concluyeron los trabajos sobre la superficie que se ubica dentro de los límites territoriales considerados como la reserva “Santuario del Manatí”.
Sin oposición de los posesionarios y con el “silencio” del Comisariado Ejidal de Calderitas, Juan Carlos Poot Uh —considerado gente muy cercana a Luis Torres Llanes— se consumó lo que a simple vista se ve como una redistribución y delimitación de lotes para comercializarlos, divididos en polígonos. En el lugar, además del camino “saca cosechas”, decenas de terrenos curiosamente frente al mar se les abrió una zanja y se relleno de “sascab” en gran proporción posiblemente para ir ampliando y tumbando mayores proporciones de manglares para convertirlos en zonas de alto valor comercial.
En septiembre pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Ecología (SEMARNAT) publicó en su Gaceta Ecológica el resolutivo en el cual denegó la autorización para el proyecto, así como la propuesta de convertir esos terrenos para uso común, sufriendo un revés por parte de la dependencia federal al proyecto ejecutado por la SEDARPE.
Por lo tanto, estos trabajos se concluyeron sin la autorización de las autoridades federales del orden ecológico, toda vez que tanto SEDARPE, el Ejido Calderitas y la constructora María Teresa Lozano Guevara violentaron la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo, así como la misma a nivel federal.
Mientras la “obra social” se terminó a cabalidad y con una “extraña” celeridad sin respetar las garantías de cuidado y protección del área natural protegida, lo cierto es que todo indica a que este proyecto más que apuntar a beneficios de impacto social será para acordar tremendos “negociazos” por la venta de terrenos paradisíacos a poderosos políticos y empresarios.
No obstante, la Procuraduría de Protección al Medioambiente (PPA), la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo (SEMA), y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco se han cruzado de manos y no han dado un pronunciamiento al respecto sobre el tema, en donde solo la Federación ha difundido un resolutivo donde ha expuesto su rechazo total por la ejecución de la obra en esa circunferencia natural.
Finalmente, se desprenden varias interrogantes por este oscuro proyecto: ¿qué interés hay de construir un camino nuevo aparentemente como “saca cosecha” y plantearlo como una rehabilitación cuando no existían caminos en el lugar? ¿qué relación hay entre la SEDARPE y el Ejido Calderitas? ¿qué persiguen de común acuerdo? ¿Acaso no hay precedentes de corrupción?
De ser inviable como determinó la SEMARNAT, ¿quien será responsable de resarcir el daño de este ecocidio ecológico en el Sur de Quintana Roo? ¿quién debe recibir una sanción justa que compense este grave daño al hábitat?
Las respuestas se están trabajando y pronto las daremos a conocer en este espacio con documentos probatorios, las cuales se han solicitado a la Unidad de Transparencia a nivel nacional, puesto que en el portal de SEDARPE ocultaron cualquier indicio que los exhiba de esta expropiación de terrenos con hedor a podredumbre.
