Por: Herlindo Vázquez
Aunque la desaparición forzada o detención arbitraria no representa problemática grave en Quintana Roo, ya es momento de atenderle para que la ciudadanía tenga garantizada su integridad.
Por lo tanto, durante el próximo Período Ordinario de Sesiones se promoverá que tales conductas sean tipificadas como delito grave, anticipó la presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables de la XIV Legislatura, Susana Hurtado Vallejo.
La Desaparición Forzada, o desaparición involuntaria de personas, es el término jurídico que designa a un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de la humanidad.
La Detención Arbitraria o un arresto arbitrario incluye el arresto o detención de un individuo en un caso en donde no existe una probabilidad o evidencia que ese individuo cometió un crimen en contra un estatuto legal, o en donde no ha existido un debido proceso de ley apropiado.
En Quintana Roo algunos recluidos han denunciado haber sido objeto de tales situaciones y tortura para firmar sus declaraciones.
La presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables en la XIV Legislatura expuso que lo anterior no es una problemática grave, pues las instituciones son respetuosas de la Ley y Garantías Individuales, no obstante consideró la necesidad de legislar al respecto.
Por lo tanto promoverá la iniciativa de Ley para tipificar como delito la Desaparición Forzada o Detención Arbitraria, y de este modo garantizar la integridad de presuntos imputados o ciudadanía en general.
Dado que se tienen antecedentes de casos en los cuales autoridades policiales proceden contra ciudadanos sin que exista orden de aprehensión o algún documento que justifique tal acción.
De ese modo se evitarán casos de extorsión, inclusive de la delincuencia, pues se conformará un marco legal que otorgue certeza a la ciudadanía.
Hurtado Vallejo aseguró que este tipo de prácticas no son frecuentes en la entidad, sin embargo adelantó que debe legislarse para evitarlas ya que en otros estados del país ha sido una práctica recurrente y por ende consideró que es necesario tener un marco legal y acciones para prevenirlas y sobre todo sancionarlas ante que se conviertan en un práctica cotidiana al no haber ley que las castigue.
