Por Malix pek
Dos temas de gran importancia están sacudiendo al Congreso de Quintana Roo. Ambos son de importancia trascendental para el Estado y en ambos, los hilos que mueven a los diputados, no necesariamente apuntan hacia el bienestar de los quintanarroenses.
El primero de ellos, es la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, personaje cuyo nombre aparece ya en la mira de algunos diputados que, finalmente se van poniendo los arrestos y teniendo valor, si no para solicitar su despido, al menos para subirlo al banquillo.
Muchos han sido los señalamientos contra el jefe policiaco, especialmente cuando después de unos seis mil millones de pesos autorizados y aplicados en materia de seguridad pública, la percepción social es de una total inseguridad.
El tema enciende los focos rojos, porque si bien, antes sólo se hablaba de Cancún, ahora la inseguridad está haciendo estragos en Playa del Carmen, y de ahí, pasa a Cozumel, por Tulum, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Chetumal.
El Mando Único Policial que trajo Capella como el Santo Grial contra la delincuencia, y al que obligó Carlos Joaquín a todos los municipios a integrarse, fracasó estrepitosamente.
Para justificar ese fracaso, el Gobierno del Estado envía cifras maquilladas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cifras que son las que se publican en los reportes de incidencias delictiva, muy alejadas de la realidad que vive Quintana Roo.
Los años 2017, 2018 y 2019 fueron los más violentos en los últimos 20 de Quintana Roo en materia de homicidios; y en este 2020 sólo en Cancún hay una tasa de 1.3 ejecuciones diarias; los delitos como robo a negocio, a casa habitación, asalto con violencia, robo de auto, etc, se ha incrementado sensiblemente en toda la geografía estatal sin que la policía preventiva lo evite.
Según las propias cifras del Estado, publicadas por el Secretariado Ejecutivo del SNSP en enero pasado se cometieron 4, 012 mientras que en enero de 2019 fueron 3,673.
De acuerdo a esas propias cifras, en 2017 se cometieron 26,518 delitos, de los cuales 497 fueron homicidios; en 2018 se perpetraron 34,043 delitos de los que 936 fueron homicidios y, en 2019 se cometieron 45,896 delitos en Quintana Roo, de los que la escalofriante cantidad de homicidios incrementó a 1,500.
Por estas cifras y muchas más que tienen en el portafolio, algunos diputados están considerando seriamente pedirle al gobernador la renuncia de Alberto Capella Ibarra.
Quizá, en los próximos días por fin tengan los arrestos suficientes, de esos de los que presumió por ejemplo Sara Latife que le sobraban cuando Félix González y Roberto Borge fueron gobernadores.
EL SEGUNDO BRETE
El otro problema en el que está metido el Congreso, es en el del cobro por los servicios de recoja y tratamiento de la basura en Benito Juárez.
¿Se acuerdan que el 13 de diciembre pasado, el Congreso del Estado en una sesión que constaba de al menos 30 puntos aprobó la condonación de impuestos a los casinos?
Bueno pues, en esa misma sesión se aprobaron varias Leyes de Hacienda Municipal, entre ellas la de Benito Juárez y otras no, como la de Solidaridad.
Lo que no se sabía, era que tanto en la Ley de Ingresos del Estado como en las de Benito Juárez, los legisladores tenían intereses muy particulares; lo mismo que en la de Solidaridad, sólo que en contra.
El chanchullo cometido en la Ley de Ingresos del Estado, descubierto unas semanas después, obligó a los legisladores a echar reversa y, le llaman ellos, “armonizar” la ley local con la federal, echar para atrás el artículo transitorio que condonaba los impuestos a nuevos casinos.
Sin embargo, el fondo del asunto nunca se puso a discusión sobre la mesa, se ocultó, se evadió y se envió al cajón del archivo muerto.
¿Cuál era el fondo? Bueno pues, el fondo real era…¿Quién había modificado la Ley para incluir un transitorio séptimo para condonar los impuestos a los casinos nuevos? Hasta hoy no se sabe.
La historia ese día se repitió al menos una vez más ese día, pues mucho después del tema de los casinos, se descubre el tema de la basura en Benito Juárez cuando los empresarios que finalmente son los que pagan, se quejan y amenazan con ampararse contra el Ayuntamiento.
Otra vez vienen las revisiones y resulta que, la burra regresó al trigo, para modificar el Artículo 135 que se supone aprobaron los regidores y regidoras pero, que no era el mismo aprobado por los diputados.
Y hete aquí que, después de dos meses, nadie en el Ayuntamiento de Benito Juárez ni en el Congreso del Estado, sabe quién fue el que modificó la iniciativa que, no sólo incrementó el cobro por el servicio de la basura, sino que, además, el cobró ni siquiera era por parte de la Comuna, sino de una segunda empresa, ajena a la que se le tiene concesionado el servicio.
En unas horas, el Congreso deberá modificar, nuevamente la Ley Municipal para en esencia, dejarla igual que en 2019, sin embargo, la pregunta de fondo sigue sin respuesta.
En los dos casos, tanto en la Ley de Ingresos del Estado como en la Municipal de Benito Juárez, ¿Qué sucedió? ¿Quién hizo estas modificaciones sin que nadie supiera?
¿Tendrán algo que decir al respecto José de la Peña el titular de la Comisión de Hacienda y Alberto Batún Chulim de Asuntos Municipales?
Ahí se los dejo de tarea.
Chetumal, Q. Roo. 26 febrero 2020
