Por Victoria Castro Chávez
CHETUMAL.— La reforma electoral aprobada por el Congreso de Quintana Roo ya comenzó a perfilar uno de los escenarios políticos y jurídicos más tensos rumbo al proceso electoral de 2027. Lo que Morena y sus aliados presentan como una “armonización constitucional” y una medida de austeridad, para la oposición representa un intento de rediseñar las reglas electorales para debilitar contrapesos y reducir la presencia de voces opositoras en los ayuntamientos y órganos legislativos.
Con 21 votos a favor y apenas cuatro en contra, la XVIII Legislatura avaló modificaciones a la Constitución estatal y a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que podrían terminar bajo revisión de tribunales electorales e incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El núcleo de la controversia se encuentra en los cambios al sistema de representación proporcional y particularmente en la eliminación de la figura conocida como “mejores perdedores”, mecanismo que permitía acceder a regidurías a candidatos opositores que, aunque no ganaban una elección, obtenían una alta votación ciudadana.
La desaparición de esa figura no es menor. Durante años permitió que perfiles con respaldo electoral real llegaran a Cabildos dominados por partidos mayoritarios, generando cierto equilibrio político y espacios de oposición dentro de los gobiernos municipales.
Ahora, esos lugares quedarán sujetos únicamente a listas partidistas previamente definidas por las dirigencias políticas, fortaleciendo el control interno de los partidos y reduciendo la posibilidad de que liderazgos ciudadanos u opositores competitivos accedan a posiciones de representación.
Para la oposición integrada por Movimiento Ciudadano, PAN y PRI, el mensaje es claro: Morena busca blindar políticamente municipios donde la competencia electoral ha comenzado a cerrarse.
Uno de los principales argumentos jurídicos que podrían utilizarse en tribunales se centra en la posible vulneración de principios constitucionales de pluralidad democrática, representación efectiva de minorías y equidad electoral.
La posibilidad de promover acciones de inconstitucionalidad cobra fuerza debido a que este recurso puede ser impulsado por partidos políticos y minorías legislativas cuando consideran que una norma electoral contradice disposiciones constitucionales.
En el fondo, la discusión no es solamente técnica o legislativa. El verdadero debate gira en torno a quién tendrá voz dentro de los futuros Cabildos y qué tan cerrada quedará la competencia política en Quintana Roo rumbo al 2027.
Otro elemento que podría convertirse en materia de litigio es la rapidez con la que fue aprobada la reforma. Legisladores de oposición denunciaron un proceso acelerado, con poca discusión pública y escasa deliberación, situación que en otros estados ya ha derivado en revisiones constitucionales.
Mientras Morena insiste en que las modificaciones buscan austeridad, eliminación de privilegios y armonización con la reforma federal promovida por Claudia Sheinbaum, críticos sostienen que el trasfondo político apunta a consolidar el control territorial del oficialismo y reducir espacios institucionales para la oposición.
La batalla apenas comienza. Y ahora no solo se librará en tribuna o en campañas políticas, sino también en juzgados, tribunales electorales y posiblemente en la Suprema Corte.
