Investigadora de la UQROO advierte que las estadísticas oficiales pueden no mostrar la dimensión completa del problema en la zona maya; plantea acercar las instituciones y garantizar atención en lengua maya.
JOSÉ MARÍA MORELOS, Quintana Roo.— La distancia para llegar a las instituciones, los costos y dificultades de traslado y, en algunos casos, la imposibilidad de comunicarse adecuadamente en español representan obstáculos adicionales para que mujeres de las comunidades rurales de Quintana Roo denuncien situaciones de violencia.
Así lo explicó María Luisa Hernández Aguilar, profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (UQROO), durante la presentación en José María Morelos del Atlas de Violencia de Género.
La investigadora señaló que los registros oficiales permiten identificar denuncias procedentes de localidades rurales, pero advirtió que esas cifras no necesariamente representan la totalidad de los casos que ocurren, debido a que parte de la violencia puede permanecer sin conocimiento de las autoridades.
Una de las principales dificultades se encuentra en la ubicación de las instituciones encargadas de recibir denuncias, brindar atención y dar seguimiento a los casos.
Para una mujer que vive en una comunidad alejada, iniciar un procedimiento puede implicar trasladarse hasta una cabecera municipal o alguna ciudad donde se encuentren las dependencias correspondientes.
El problema se vuelve mayor cuando la persona carece de vehículo, recursos económicos suficientes o medios regulares de transporte.
El idioma también puede cerrar la puerta
Hernández Aguilar señaló otro obstáculo particularmente relevante para las comunidades de la zona maya: la barrera lingüística.
Cuando una mujer tiene como lengua principal el maya y encuentra dificultades para comunicarse en español, explicar los hechos, comprender los procedimientos o conocer las medidas disponibles para su protección puede convertirse en un proceso todavía más complejo.
Por ello, la académica consideró necesario que las instituciones cuenten con personal capacitado para brindar atención en la lengua de las mujeres que acuden a solicitar ayuda.
La falta de comprensión durante el procedimiento, explicó, puede generar desánimo y terminar dificultando el acceso efectivo a las instituciones y a la justicia.
Las cifras podrían no contar toda la historia
La problemática también plantea una advertencia al momento de interpretar las estadísticas.
Una menor cantidad de denuncias procedentes de determinada comunidad no necesariamente significa que exista menos violencia.
Las dificultades para desplazarse, denunciar o comunicarse con las autoridades pueden provocar que determinados hechos nunca lleguen a incorporarse a los registros institucionales.
En ese sentido, conocer la verdadera dimensión de la violencia contra las mujeres en las comunidades rurales requiere considerar no solamente las denuncias existentes, sino también las condiciones que enfrentan las víctimas para poder presentarlas.
Feminicidios y homicidios no son lo mismo
Al abordar los casos más graves de violencia contra las mujeres, Hernández Aguilar indicó que durante el último año analizado fueron contabilizados 15 feminicidios en Quintana Roo, concentrados principalmente en municipios como Solidaridad y Benito Juárez.
En José María Morelos, explicó, aparecen cinco homicidios dolosos, pero precisó que estos registros pertenecen a una categoría diferente y no deben contabilizarse automáticamente como feminicidios.
La distinción resulta importante porque ambas conductas tienen clasificaciones jurídicas y estadísticas diferentes.
Atlas busca mostrar dónde ocurre la violencia
El trabajo presentado forma parte de una investigación desarrollada a partir de la convocatoria Mujeres en la Ciencia 2024 y una segunda etapa correspondiente a 2026.
El Atlas busca utilizar los registros disponibles para conocer territorialmente cómo se manifiesta la violencia contra las mujeres y aportar información que permita orientar políticas públicas.
Para Hernández Aguilar, uno de los retos consiste precisamente en mejorar las condiciones para que las mujeres que viven lejos de las cabeceras municipales puedan acceder a las instituciones.
Acercar los mecanismos de atención a las comunidades, disminuir las dificultades de traslado y garantizar atención en lengua maya permitiría no solamente facilitar el acceso a la justicia, sino obtener un diagnóstico más preciso de lo que sucede en las localidades rurales.
Porque detrás de una estadística baja puede existir otra realidad: mujeres que enfrentan violencia, pero que por distancia, falta de recursos o idioma nunca consiguen llegar hasta una ventanilla para denunciarla.
