BACALAR, Quintana Roo.— Mientras el presidente municipal José Alfredo “Chepe” Contreras Méndez presumía una transformación “histórica”, finanzas sanas y más de 97 millones de pesos en obra pública, desde el propio Cabildo surgió una protesta que rompió el escenario de celebración construido alrededor de su Segundo Informe de Gobierno.
La regidora Tania Casa Madrid levantó durante el acto carteles con tres palabras dirigidas a cuestionar la administración municipal: “Soberbia”, “Mentira” y “Corrupción”, en una manifestación realizada frente al alcalde y con la gobernadora Mara Lezama Espinosa entre los asistentes.
Al concluir el evento, Casa Madrid amplió sus señalamientos ante medios de comunicación y acusó al gobierno municipal de falta de transparencia y opacidad, además de denunciar presuntas prácticas de extorsión contra pequeños comerciantes, según publicó Diario Cambio 22.
Las acusaciones corresponden a la regidora y deberán ser acreditadas ante las instancias correspondientes. Sin embargo, su protesta adquiere relevancia porque proviene de una integrante del Ayuntamiento que participa directamente en el Cabildo encargado de aprobar presupuestos, cuentas públicas y decisiones administrativas del municipio.
El informe que no habló de las observaciones
El discurso de Contreras presentó un Bacalar en plena transformación. Habló de pavimentación, parques, domos, vivienda, turismo, salud, programas sociales y aseguró que su administración llega a su segundo año sin endeudamiento y con “finanzas sanas”.
Pero el informe político omitió otra parte de la historia: las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo a la administración municipal.
En la fiscalización de obra pública correspondiente a la Cuenta Pública 2024, la ASEQROO documentó cinco deficiencias administrativas, tres casos de documentación faltante, dos de documentación irregular y una solicitud de aclaración dentro de la muestra revisada al Ayuntamiento de Bacalar.
Es decir, mientras el alcalde utilizó el informe para hablar de una administración eficiente, los expedientes oficiales de fiscalización ya habían registrado problemas administrativos y documentales.
Eso no prueba por sí mismo actos de corrupción, pero sí contradice cualquier intento de presentar una administración sin cuestionamientos ni áreas problemáticas.
¿De quién son realmente los 97 millones?
Uno de los anuncios centrales de Chepe Contreras fue la inversión de más de 97 millones de pesos en obra pública.
Con esa bolsa, aseguró, se realizaron pavimentaciones, rehabilitación de calles, parques, vivienda, sanitarios, pozos de absorción y otras acciones.
Sin embargo, el comunicado oficial del informe no presenta un desglose que permita conocer cuánto de esos 97 millones provino de recursos propios de Bacalar, cuánto de participaciones y aportaciones federales, cuánto del FAISMUN u otros fondos y cuánto corresponde a inversiones realizadas conjuntamente con el Gobierno de Quintana Roo.
La diferencia es fundamental.
Recibir y ejecutar correctamente recursos públicos también es responsabilidad municipal, pero no es lo mismo generar una inversión con recursos propios que administrar dinero transferido por la Federación o el Estado.
Si Chepe pretende utilizar los 97 millones como prueba de la fortaleza financiera de su administración, también tendría que abrir las cifras y explicar peso por peso su procedencia y destino.
Logros ajenos también entraron al informe
La construcción del relato político incluyó incluso acciones que institucionalmente corresponden a otros poderes.
Contreras incorporó entre los avances de Bacalar la instalación del Primer Juzgado Familiar de Primera Instancia, pese a que éste forma parte del Poder Judicial de Quintana Roo y su puesta en operación fue encabezada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden Cebada Rivas, junto con la gobernadora Mara Lezama.
El Ayuntamiento pudo gestionar, colaborar o facilitar condiciones para su llegada.
Pero el Ayuntamiento de Bacalar no creó el Poder Judicial ni administra ese juzgado.
La misma fórmula aparece en diferentes apartados del informe: acciones estatales, municipales, coordinadas y provenientes de otros organismos terminan integradas en una sola narrativa destinada a demostrar la “transformación” atribuida políticamente al alcalde.
Tania ya había denunciado falta de información
La protesta de Casa Madrid tampoco surgió de la nada.
En octubre de 2025, la regidora explicó públicamente que había votado contra programas de estímulos fiscales para 2026 y denunció que determinada información no era entregada con suficiente anticipación a los integrantes del Cabildo para analizarla y discutirla antes de tomar decisiones.
El antecedente adquiere especial importancia ahora que Contreras presume precisamente una administración basada en “recaudación eficiente”, nuevos mecanismos fiscales y finanzas sanas.
¿Cómo puede hablarse de transparencia financiera si desde el propio Cabildo una regidora ha cuestionado las condiciones bajo las cuales recibe información para votar asuntos fiscales?
Sin deuda, sí; cheque en blanco, no
Hay un punto del informe que sí encuentra respaldo documental: Bacalar no registraba saldo de deuda pública proveniente de ejercicios anteriores en la revisión correspondiente.
Pero no tener deuda pública no equivale automáticamente a tener finanzas impecables.
Para conocer la verdadera salud financiera también deben revisarse pasivos de corto plazo, cuentas por pagar, proveedores, compromisos presupuestales, recaudación propia, liquidez y cumplimiento del gasto.
Y tampoco sería correcto ocultar otro dato favorable: en la muestra de recursos federales revisada por la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a 2024, por aproximadamente 35.9 millones de pesos, no fueron determinadas irregularidades.
La diferencia es importante para entender el panorama completo: la ASF tuvo un resultado favorable en la muestra federal que fiscalizó, mientras la ASEQROO sí documentó deficiencias administrativas y documentales en otras revisiones practicadas al Ayuntamiento.
Dos versiones de Bacalar
El Segundo Informe dejó finalmente dos fotografías muy diferentes del mismo gobierno.
Está el Bacalar de Chepe Contreras: transformación histórica, prosperidad compartida, finanzas sanas, obras, eventos, reconocimientos y millones de pesos invertidos.
Y está el Bacalar que irrumpió desde una silla del propio Cabildo, cuando Tania Casa Madrid levantó frente al escenario tres palabras:
“Soberbia”.
“Mentira”.
“Corrupción”.
Las palabras son responsabilidad de quien las pronunció y exhibió. Ahora corresponde a la regidora sustentar sus acusaciones y, particularmente en cualquier señalamiento sobre posibles actos de corrupción o extorsión, presentar las pruebas y denuncias correspondientes.
Pero al gobierno de Chepe Contreras también le corresponde responder.
Responder cuánto de los 97 millones de pesos de obra corresponde realmente a recursos municipales; qué empresas recibieron los contratos; mediante qué procedimientos fueron adjudicados; qué observaciones hicieron los órganos fiscalizadores; cuáles fueron solventadas y cuáles permanecen pendientes; y por qué resultados correspondientes a otras instituciones terminaron integrados en el escaparate político del presidente municipal.
Un informe de gobierno no debería servir únicamente para contar lo bueno.
Debe servir para rendir cuentas de todo.
Y después de los aplausos, los reconocimientos y el discurso de una transformación “como nunca antes”, la protesta dentro del propio Cabildo dejó una pregunta incómoda flotando sobre Bacalar:
¿qué parte de la historia no contó Chepe Contreras en su Segundo Informe?
