BACALAR, Quintana Roo.— Uno quiere prolongar su carrera política más allá de Tulum. El otro asegura que cuando termine de gobernar Bacalar se retirará. Diego Castañón Trejo y José Alfredo “Chepe” Contreras Méndez aparecen juntos, sonrientes y vestidos para la ocasión, pero detrás de la fotografía existen dos administraciones que llegan al final de su segundo año rodeadas de cuestionamientos que difícilmente pueden ocultarse detrás de informes, discursos y aspiraciones políticas.
La imagen resulta particularmente simbólica.
Castañón mantiene una intensa presencia política fuera de Tulum y ha incrementado sus recorridos y encuentros en el sur de Quintana Roo, mientras Contreras sostiene públicamente que no buscará otro cargo cuando concluya su tercera administración como presidente municipal.
Uno quiere seguir.
El otro dice que se va.
Pero antes de pensar en el futuro político de cualquiera de los dos, están las cuentas pendientes de los municipios que actualmente gobiernan.
Tulum: funcionarios cesados por presunta extorsión y corrupción
El caso de Tulum ya dejó de ser únicamente una colección de acusaciones en redes sociales.
El propio Diego Castañón reconoció problemas dentro de su administración.
El 30 de junio anunció el cese de nueve servidores públicos —dos de Protección Civil y siete de Fiscalización— después de que, según informó, se comprobaran malas prácticas. Se abrieron además investigaciones y se dio vista a la Fiscalía General del Estado.
Pero el problema siguió creciendo.
Para septiembre, el saldo informado alcanzaba 23 funcionarios municipales dados de baja por diversas irregularidades y cuatro más bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Entre las conductas señaladas aparecen presunto cohecho, intento de extorsión y abuso de autoridad. Quince de los separados pertenecían a Seguridad Ciudadana y ocho a Fiscalización.
Es decir, cuando Castañón habla de continuar construyendo su futuro político, carga también con una pregunta inevitable:
¿cómo pretende convencer fuera de Tulum cuando dentro de su propio gobierno tuvo que separar a decenas de servidores públicos por presuntas irregularidades?
La inconformidad incluso llevó a empresarios, comerciantes, profesionistas y habitantes a organizarse para exigir modificaciones en los trámites municipales y denunciar públicamente presuntos cobros arbitrarios, extorsiones y abusos.
Bacalar: “mentira, corrupción y soberbia” desde el propio Cabildo
Chepe Contreras enfrenta un escenario distinto, pero tampoco llegó limpio a su Segundo Informe.
Mientras proclamaba una transformación “histórica”, presumía finanzas sanas y más de 97 millones de pesos invertidos en obra pública, la regidora Tania Casa Madrid convirtió la ceremonia en una protesta política al exhibir carteles con tres palabras demoledoras:
“Soberbia”. “Mentira”. “Corrupción”.
Después, ante medios de comunicación, amplió sus señalamientos contra la administración municipal, hablando de falta de transparencia y opacidad y formulando acusaciones sobre presuntas extorsiones contra pequeños comerciantes.
Son acusaciones de la regidora y corresponde acreditarlas ante las autoridades.
Pero tampoco pueden borrarse del análisis político del gobierno municipal.
Mucho menos cuando las auditorías estatales ya han encontrado en ejercicios anteriores deficiencias administrativas, documentación faltante y documentación irregular en expedientes revisados al Ayuntamiento.
Y mientras tanto, el crimen organizado
Existe otro punto que une a ambos municipios y que resulta mucho más grave que sus proyectos personales.
Tulum y Bacalar se encuentran dentro de una entidad donde las autoridades federales continúan realizando operativos contra organizaciones delictivas.
En marzo, el propio Gabinete de Seguridad federal informó de cateos realizados en Bacalar, Isla Mujeres y Benito Juárez, que permitieron detener a seis integrantes de un grupo delictivo y asegurar drogas, vehículos y equipos de comunicación.
En Tulum, la Fiscalía estatal ha continuado judicializando casos relacionados con extorsión; en abril obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva contra un hombre por su probable participación en extorsión agravada.
Sería incorrecto ocultar que los indicadores oficiales también muestran avances: el Gobierno federal reportó que Tulum acumuló mayo y junio sin homicidios dolosos y mantenía esa condición durante julio, dentro de una reducción estatal importante de este delito.
Pero bajar los homicidios no significa que hayan desaparecido extorsión, narcomenudeo, grupos criminales ni la percepción de inseguridad que golpea a comerciantes y habitantes.
Y precisamente allí debería concentrarse buena parte de la energía de quienes gobiernan.
Antes de 2027 está 2026
Por eso las fotografías políticas adquieren otra lectura.
Diego Castañón puede aspirar legítimamente a continuar su carrera.
Chepe Contreras puede anunciar legítimamente que se retira.
Lo que ninguno puede hacer es pretender que el futuro político borre el expediente de su administración.
En Tulum, 23 servidores públicos han sido separados por irregularidades y cuatro quedaron bajo investigación anticorrupción. En Bacalar, una integrante del propio Cabildo confrontó públicamente al alcalde con acusaciones de “mentira”, “corrupción” y “soberbia”. Y en ambos territorios las autoridades de seguridad continúan combatiendo actividades de grupos delictivos.
Uno quiere seguir.
El otro asegura que se va.
Pero antes de despedirse o buscar el siguiente cargo, ambos tienen una obligación mucho más inmediata: responder por los gobiernos que todavía encabezan.
Porque al ciudadano poco debería importarle quién aparece mejor colocado para 2027 cuando en 2026 todavía existen denuncias por extorsión, servidores públicos bajo investigación, cuestionamientos sobre corrupción y problemas de seguridad.
La política puede esperar. Tulum y Bacalar no.
