Por Victoria Castro Chávez
CHETUMAL, Quintana Roo.— Las reformas recientes a la Ley de Movilidad en Quintana Roo fueron presentadas como una respuesta firme a los conflictos entre taxistas y plataformas digitales. En el papel, prometen orden, seguridad y reglas claras. En la calle, sin embargo, la realidad apunta a algo distinto: la violencia persiste, los operativos se multiplican y la disputa de fondo sigue sin resolverse.
Los cambios legales fortalecieron las facultades del Estado para sancionar agresiones, intervenir sin necesidad de denuncia y regular a todos los actores del transporte. También introdujeron el concepto de “transición justa”, una fórmula que busca evitar afectaciones económicas al gremio taxista ante el avance de las aplicaciones.
Pero ese mismo principio, que pretende estabilidad, se ha convertido en un límite para cualquier transformación de fondo.
Mientras tanto, los incidentes continúan. En ciudades como Cancún y Playa del Carmen se han documentado agresiones, hostigamiento y enfrentamientos derivados —en muchos casos— de la sospecha de que un conductor opera con plataformas digitales. La autoridad responde con operativos, aseguramientos y sanciones, en una dinámica que contiene momentáneamente la tensión, pero no la elimina.
El problema central permanece intacto: no existen reglas plenamente claras, aceptadas y equilibradas entre taxis concesionados y aplicaciones. La ley reconoce la coexistencia, pero no redefine la competencia.
En ese vacío, el conflicto se traslada al terreno cotidiano. La calle se convierte en el espacio donde se interpreta —y se disputa— la regulación. Y en ese escenario, la incertidumbre alimenta la confrontación.
A esto se suma un elemento clave: las reformas fortalecen el modelo tradicional. La posibilidad de heredar concesiones y el énfasis en proteger los ingresos del sector consolidan la posición de los taxistas. Las plataformas, en cambio, obtienen reconocimiento indirecto, pero sin una expansión clara de derechos ni condiciones equivalentes de operación.
El resultado es un equilibrio frágil. La ley no elimina la competencia desigual, solo la administra.
Así, la política pública en movilidad parece moverse en una lógica de contención: evitar que el conflicto escale, más que resolver sus causas. Se actúa sobre los episodios de violencia, pero no sobre el diseño del sistema que los genera.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿puede haber paz duradera sin reglas claras y aceptadas por todos?
Por ahora, la respuesta parece negativa. En Quintana Roo, la movilidad no está resuelta; está en pausa. Y en esa pausa, el riesgo es que la tensión deje de ser excepcional para convertirse en parte estructural del sistema.
