Por Victoria Castro Chávez
CHETUMAL, Quintana Roo.— Aunque la Ley de Movilidad de Quintana Roo establece que ninguna unidad de taxi debe superar los cinco años de antigüedad para prestar servicio público, en las calles de Chetumal continúan circulando decenas de vehículos deteriorados y obsoletos, muchos de ellos con más de una década de uso.
Detrás de este rezago vehicular, operadores y concesionarios señalan la existencia de una presunta red de corrupción que involucra a inspectores del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) y a integrantes del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (SUCHAA).
De acuerdo con testimonios de trabajadores del volante, la permanencia de unidades antiguas —principalmente modelos Tsuru ya descatalogados— no responde únicamente a la falta de recursos económicos de los concesionarios, sino también a un esquema de pagos irregulares que permitiría evadir sanciones y operativos.
La legislación vigente contempla multas que van desde los 11 mil hasta más de 54 mil pesos para unidades fuera del rango permitido o que operen en malas condiciones mecánicas.
Sin embargo, en la práctica, dichas sanciones terminan convertidas en “letra muerta” mediante presuntos cobros informales realizados entre operadores, delegados sindicales e inspectores encargados de supervisar el padrón vehicular.
Según versiones internas, algunos propietarios de taxis entregan pagos en efectivo para evitar que sus unidades sean retiradas de circulación o sancionadas durante operativos de revisión.
El resultado, denuncian operadores, es un parque vehicular envejecido donde al menos dos de cada diez taxis presentan condiciones consideradas deficientes o inseguras para usuarios y conductores.
Mientras tanto, la dirigencia sindical suele justificar el atraso en la renovación vehicular argumentando inflación, falta de créditos accesibles y bajos ingresos del sector.
Por su parte, el Imoveqroo mantiene públicamente un discurso de “cero tolerancia” hacia irregularidades en el transporte público, aunque la realidad visible en las calles de la capital del estado refleja un escenario distinto.
La situación exhibe uno de los principales problemas estructurales del transporte público en Quintana Roo: leyes estrictas que pocas veces se aplican de manera uniforme y una modernización prometida que continúa atorada entre rezagos económicos, intereses sindicales y presuntos actos de corrupción.
