Por Malixpek
La campaña electoral que vivimos en estos momentos, es el pretexto ideal para que los «servidores públicos» hagan lo que mejor saben hacer: nada.
Bajo el pretexto que no se puede publicar nada, los miembros de los gabinetes de los tres órdenes de gobierno, virtualmente han desaparecido de sus oficinas.
Si bien la ley ciertamente establece una serie de restricciones y prohibiciones respecto a lo que se puede y no puede difundir durante la campaña electoral, los «señores funcionarios» aprovechan este tiempo para vacacionar.
Habría que analizar dos cosas en esta materia.
La primera, que la prohibición de la autoridad electoral, no es para que los funcionarios no informen o declaren periodísticamente; sino es en materia de propaganda gubernamental, de publicidad pues.
La Ley es clara y prohíbe la propaganda gubernamental. Esto es, spots de radio, y tv; campañas publicitarias en medios impresos y electrónicos, espectaculares, y publicidad oficial en los portales oficiales.
Sin embargo, la misma ley no afecta la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas ni regula estas libertades.
Por el contrario, los legisladores fueron cuidadosos y buscaron siempre privilegiar la libertad de expresión, la responsabilidad de los comunicadores, la imparcialidad y equidad en el manejo informativo de las campañas electorales, partidos políticos y candidatos.
En materia de las responsabilidades del servicio público la ley es clara y no hay un sólo párrafo en donde establezca que los funcionarios, servidores públicos, o responsables de alguna dependencia de cualquier orden, no puedan informar a los medios.
Ciertamente hay temas que informativamente se colocan en el delgado hilo de la ruptura y violación a la ley que los funcionarios no tocarían, pero no son los únicos.
Hay muchas cosas que están sucediendo en Quintana Roo y que a todos los quintanarroenses nos interesan y tenemos el derecho de conocer y que los servidores públicos tienen la obligación de informar.
Por eso no es aceptable que durante dos meses los servidores públicos permanezcan mudos, amparándose en la ley electoral.
Y no sólo mudos. Sino que también son fantasmas.
Abril de 2015.
