Todavía siguen las investigaciones para identificar a los autores intelectuales del crimen con tintes políticos.
Chetumal.- Las tres personas que presuntamente participaron en el homicidio del regidor del Partido del Trabajo, Marco Antonio Mayo Molina en la puerta de su domicilio en la colonia Adolfo López Mateos el pasado 21 de marzo, ya están en el Cereso de Chetumal donde enfrentarán el proceso judicial sin derechos a fianza luego que el autor material fuera trasladado este viernes desde la Felipe Carrillo Puerto.
Aunque todavía siguen las líneas de investigación para determinar la presencia de un autor intelectual, que según datos extraoficiales pudo ser por conflictos políticos que relacionan a varias figuras del Estado e incluso gente muy cercana al ex concejal capitalino.
Edwin Gustavo Juárez Borges de 30 años de edad presunto autor material de haber asesinado al regidor fue ingresado por la tarde al cereso de Chetumal proveniente de la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto donde estaba preso acusado de delitos contra la salud en su modalidad de posesión para distribución y venta; ahora enfrentará el proceso por homicidio calificado – expediente 194/2014 – en agravio del ahora extinto regidor a quien el pasado 21 de marzo del presente año agredió de varias puñaladas que a la poste le ocasionaron la muerte.
El indiciado estará preso en el mismo penal junto con Fermín Aguilar Muñoz, de 38 años. Freddy Ismael Tamay Salazar, de 20 años de edad, este último fue quien según la versión de los testigos llamó al exconcejal fuera de su domicilio para que solicitarle trabajo, distracción que fue aprovechada por Edwin Gustavo Juárez Borges para asestarle dos puñaladas en la espalda.
En cuanto a Aguilar Muñoz es señalado cómplice del homicidio al haber esperado a los dos atacantes en su vehículo y luego darse a la fuga del lugar. Los tres inculpados cuentan con antecedentes penales por diversos delitos entre los que se encuentra un posible homicidio ocurrido hace varios años Tamay Salazar cuando era menor de edad.
Aunque el operativo de traslado fue discreto desde la cárcel de Felipe Carrillo Puerto hasta el cereso de Chetumal, trascendió que los señalados gozan de ciertos privilegios en el penal de Chetumal supuestamente porque cuentan con el respaldo monetario de algún político, mismo que pudiera ser el autor intelectual de dicho crimen.