CHETUMAL.— La XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo turnó a comisiones un paquete de iniciativas promovidas por el grupo legislativo de MORENA con el objetivo de modernizar y fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción, armonizando el marco jurídico local con el modelo nacional bajo principios de austeridad, transparencia y paridad de género.
Las propuestas fueron presentadas durante la sesión ordinaria número 29 y contemplan reformas tanto a la Constitución Política del Estado como a la Ley del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo.
La primera iniciativa plantea modificar el artículo 161 constitucional para trasladar aspectos procedimentales a leyes secundarias, con la finalidad de dar mayor claridad y coherencia al texto constitucional.
Uno de los puntos centrales de esta reforma es la incorporación formal del Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, reconociendo el acceso a la información pública como una herramienta clave para la vigilancia ciudadana y el combate a la corrupción.
En paralelo, la segunda iniciativa propone ajustes a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado para adecuar su funcionamiento a criterios de racionalidad administrativa y austeridad republicana.
Entre los cambios planteados destaca la reducción de cinco a tres años del periodo de la Comisión de Selección encargada de nombrar al Comité de Participación Ciudadana (CPC), con el propósito de agilizar procesos y evitar rezagos institucionales.
Asimismo, se busca fortalecer la pluralidad en la integración de dicha comisión mediante perfiles provenientes de sectores académicos y de la sociedad civil, garantizando además el cumplimiento de la paridad de género.
Durante la misma sesión legislativa también se aprobaron reformas a la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo y a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.
En el caso de la Defensoría Pública, las modificaciones están orientadas a fortalecer el uso de lenguaje incluyente y no sexista, con el objetivo de visibilizar a todas las personas y contribuir a la eliminación de estereotipos de desigualdad.
Por otro lado, las reformas a la legislación de derechos humanos amplían las facultades de la Comisión estatal para investigar presuntas violaciones cometidas por autoridades o personas servidoras públicas tanto del ámbito estatal como municipal.
Además, se incorporó lenguaje inclusivo y neutro dentro de la legislación, eliminando el uso del masculino genérico y estableciendo la igualdad sustantiva como eje rector de las resoluciones y procedimientos del organismo.
