El ombudsman pide sanciones administrativas y penales contra los implicados por tortura.
Jesús González
Chetumal.- Integrada de siete puntos entre los que sobresalen iniciar un proceso administrativo y penal de responsabilidad contra Arturo Olivares Mendiola quien fuera director de la policía judicial así como personal diverso de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, emitió una recomendación contra Arturo Álvarez Escalera titular de esa instancia tras comprobar que hubo tortura contra dos personas detenidas en el 2013.
La recomendación 17/2015, va dirigida contra del procurador de Justicia del estado, Carlos Arturo Álvarez Escalera así como quien ostentara el cargo de director de la policía judicial cuando sucedieron los hechos; Arturo Olivares Mendiola quien tras su paso como director de la policía municipal de Benito Juárez ahora es subsecretario de la Coordinación de las Policías Municipales en Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo.
Harley Sosa Guillen, presidente de la Cdheqroo dio a conocer que la recomendación deriva del expediente VG/BJ/136/03/2013-4 y su acumulado VG/BJ/137/03/2013-5 donde señala la detención de dos personas del sexo masculino (Héctor Cacique Fernández, alias “El Diablo” y Maximiliano Ezequiel Magallán González, alias «El Humo«) por la policía turística de Benito Juárez presuntamente por ultrajes a la autoridad.
Sin embargo horas después fueron remitidos con los agentes de la policía judicial presuntamente por encontrarse relacionados con el homicidio en el bar “La Sirenita” acontecido el 14 de marzo de 2013, donde fueron ultimadas a tiros siete personas; se presume que el objetivo principal era el subsecretario de Conflictos del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, Francisco Achach Castro, sobrino de la exalcaldesa de Cancún, Magali Achach.
Según el documento emitido por la Cdheqroo, ambas personas detenidas refirieron haber sido objeto de tortura como golpes, toques eléctricos, asfixias y otros tratos graves e ilegales, por lo cual llevaron a cabo una investigación detallada en el expediente de queja y su acumulado y obra la constancia de los resultados del Protocolo de Estambul aplicado por peritos en psicología y medicina forense adscritos a la Segunda Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que se concluyó la alta probabilidad que el daño médico-psicológico fuera causado por hechos de tortura.
Asimismo el documento señala que en esta investigación la Segunda Visitaduría General citó a comparecer a más de una treintena de servidores públicos que en algún momento tuvieron contacto con los agraviados.
Del análisis jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo cuenta con elementos que permiten acreditar las violaciones a los derechos humanos de ambas personas, específicamente a la integridad y seguridad personal, por hechos consistentes en la tortura, atribuibles a los elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Mediante comunicado la Cdheqroo detalla que la recomendación dirigida al procurador General de Justicia del Estado, Carlos Arturo Álvarez Escalera, se conforma de siete puntos, entre las cuales figuran que se inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra quien en ese entonces ocupaba el cargo de director general de la policía judicial del estado, diversos agentes de la policía judicial, agentes del ministerio público del fuero común y oficiales secretarios -que fueron omisos en garantizar los derechos humanos de los agraviados conforme a lo dispuesto en el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley-, para determinar el grado de responsabilidad en que incurrieron al violentar los derechos humanos y, consecuentemente, imponerles las sanciones que legal y administrativamente les sean aplicables.
Asimismo se recomendó que como medida de rehabilitación, se proporcione atención médica, psicológica y psiquiátrica a los agraviados, en calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos. Para el caso específico del agraviado que permanece interno en el cereso de Cancún, se recomendó se le reubique en un lugar donde se garantice su integridad personal y su vida. De igual forma se pide se inicien los trámites necesarios para que se reparen de manera integral los daños causados a en los términos que establecen los estándares internacionales, la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo.
De igual forma se contempla la disculpa pública a los agraviados, capacitación y formación en derechos humanos de los servidores públicos de la PGJ; instruir a los agentes de la Policía Judicial se abstengan de instigar, cometer o autorizar a un tercero o se sirvan de él, para infligir a una persona actos de tortura, o no eviten que se cometan dichos actos sobre una persona que esté bajo su custodia.
Por último se recomendó girar instrucción a efecto de que manera perentoria se emita la determinación correspondiente en la averiguación previa existente, instruida por el delito de tortura cometida en agravio de los ya señalados, y en contra del Director General de la Policía Judicial y demás servidores públicos involucrados.
En relación a esta recomendación el ombudsman del estado reprobó los actos de tortura y se pronunció para que los servidores públicos respeten los derechos humanos de las personas y que las investigaciones de los encargados de la procuración de justicia se apeguen al marco normativo y al principio de legalidad, en aras del fortalecimiento del Estado de Derecho.
