Por Malix pek
Cuando aún estamos en el pico más alto de la Fase 3, en la cúspide de la curva de contagios se hace importante preguntar, ¿porqué realmente le urge al gobierno de Quintana Roo volver a reactivar las actividades turísticas?
Carlos Joaquín anunció hace unas horas que se reunió con el sector turístico y las autoridades municipales para revisar protocolos ante el retorno a la nueva normalidad.
Dice que trabaja para que la actividad turística sea considerada como actividad esencial y se pueda retornar gradualmente a las actividades económicas, cumpliendo con todos los protocolos para la protección de la salud de los trabajadores y de los visitantes.
De hecho, el Estado y la Federación han puesto fecha, a mediados de junio.
Para ello, se ha presentado un protocolo y, se ha puesto en movimiento todo el aparato burocrático de estos dos órdenes de gobierno para, supuestamente, cuidar que los empresarios cumplan todos los protocolos de sanitarios que impone la nueva normalidad.
Sin embargo, lo cierto es que, detrás de la urgencia de retornar a esta nueva normalidad, las autoridades han pintado un escenario que ha dado un giro de 180 grados.
Y por qué digo que la han pintado, porque si bien hay protocolos que establece la nueva normatividad, estos están siendo aprovechados por los órdenes de gobierno para llenar sus arcas de dinero en medio de una enorme confusión y caos creado en donde los empresarios que de por sí, tienen en dos meses pérdidas millonarias, necesitan invertir más tanto en el orden administrativo legal como en los cochupos de la autoridad.
Aquí es donde se encuentra el verdadero motivo de la urgencia de los órdenes de gobierno por volver lo más pronto posible a la normalidad.
Hace quince días, Miguel Torruco y Hugo López-Gatell presentaron el protocolo para la reactivación de las actividades turísticas.
Un documento de más de 130 hojas en las que se plasman, de acuerdo a la autoridad, todas y cada una de las aristas, entiéndase actividades de la industria turística que tendrán que cumplir con nuevas medidas sanitarias para volver a operar.
En dicho documento se contemplan aeropuertos, restaurantes, hotelería, tours, transportación marítima y terrestre, etc.
Y es aquí, en donde, el Estado ha visto una gran veta de oro puro para llenar sus arcas a costa de los empresarios que, urgidos de volver a la actividad, tienen que aceptar todas y cada una de las extorsionadoras condiciones de las instancias de gobierno.
Desde puertas automatizadas, pasando por dispensadores del mismo tipo, señalética de seguridad, vestimenta, servicio, etc, etc, los empresarios tienen que cumplir con todos y cada uno de los caprichos de los inspectores de Sedetur, Sectur, SSA, Sesa, Protección Civil, Capitanía de Puerto, Sagarpa, Profepa, Migración, y una larga cadena más de esbirros que se presentan en las empresas con el “poder” de autorizar o no la seguridad y, obtener o no, los permisos necesarios para operar en la llamada nueva normalidad.
Desde Tulum hasta Holbox, pasando por la Riviera Maya, Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, los extorsionadores disfrazados de inspectores, no piden, exigen cantidades que van desde los 1 mil hasta los 5 mil, no pesos, dólares, al empresariado para obtener los respectivos permisos que exige cada órgano de gobierno dependiendo del giro de la empresa.
Aquí está el verdadero motivo de la urgencia por la reactivación, y ante la necesidad de obtener la documentación correspondiente, a los propietarios de los negocios, sean pequeños, medianos o grandes, no les queda más que tragarse su frustración y pagar.
Según Carlos Joaquín “a través de la SEDETUR, el Gobierno del Estado ha puesto al servicio del sector turístico una plataforma de certificación con la que se garantiza el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria por parte de las empresas turísticas del estado, de modo que se pueda reabrir gradualmente la actividad, internamente, a partir del uno de junio y posiblemente el ocho del mismo mes se empezará a recibir turistas”.
Sin embargo, en la realidad, la plataforma no funciona si los inspectores que verifican en físico los negocios, no dan el visto bueno, y este no se obtiene si no hay de por medio una cifra en dólares, si no hay cortesías, si no se le da lo que pide el inspector en turno.
Y no es uno, ni dos, son diversos los nuevos permisos que establece el protocolo de reapertura que, difícilmente los empresarios podrán volver a reabrir bajo estas condicionantes y más, si tras su diezmada economía, ahora cuál sicarios, el gobierno les manda a sus inspectores para cobrarles oficialmente el “derecho de piso”.
Sin embargo, de esta nueva realidad, de esta nueva normalidad, el gobernador Carlos Joaquín no menciona nada.
¿Será esta la estrategia de preparación del aparato de estado ante las próximas elecciones locales y federales?
Luego entonces, si la pandemia no hundió a la libre empresa que sostiene a los miles de trabajadores de Quintana Roo, será el propio estado quien lo haga.
No le queda duda de ello.
Cancún, Q. Roo. Mayo 2020
