Chetumal.- Harley Sosa Guillén, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, fue electo como vicepresidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH).
La FMOPDH está integrada por las treinta y dos comisiones, defensorías o procuradurías de Derechos Humanos del país con el objeto de favorecer, estrechar y fortalecer la unidad de sus asociados.
Esta designación se realizó durante la Asamblea General de dicho organismo en Mazatlán, Sinaloa, para elegir al nuevo Comité Directivo 2015-2017, en el que de la misma forma se eligió al Lic. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, Presidente de Durango, como nuevo presidente de la Federación.
Harley Sosa Guillén expresó sentirse honrado por el voto emitido por sus colegas para la conformación de este nuevo comité. En este sentido dijo que dará todo su apoyo a la Federación para fortalecer los trabajos de los organismos públicos del país dedicado a la defensa de los derechos humanos.
Del mismo modo comentó que su labor al frente de la vicepresidencia de la zona sur, el cual agrupa a los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, será la de entablar una mayor comunicación para intercambiar experiencias en la promoción y protección de los derechos humanos, así como promover la unidad entre quienes integran este grupo.
Entre las atribuciones de la FMOPDH se encuentran la de establecer y fomentar acciones de coordinación, de alcance nacional e internacional, tendentes a la protección, investigación académica, estudio, promoción, observancia, divulgación y difusión de los derechos humanos; intercambiar experiencias sobre la sustanciación de los procedimientos que, en la investigación de quejas, realizan sus asociados a fin de optimizar la práctica de los principios de inmediatez, sencillez, concentración y celeridad; implementar y coordinar programas dirigidos a prevenir y eliminar prácticas que impliquen violación a derechos humanos y coadyuvar en la actualización y modernización de los órganos, procedimientos y sistemas de la administración pública; entre otros.
