Jesús Pérez
Chetumal.- A pesar de la renuencia inicial del Procurador de Justicia por acatar la recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo por la tortura cometida contra Héctor Cacique Fernández, finalmente fue aceptada y deberá en un plazo no mayor a medio año cumplir con todas las observaciones y peticiones detalladas en el documento.
Por lo cual las autoridades de la PGJE tienen hasta seis meses para cumplir los diversos puntos que vienen incluidos en la recomendación que el presidente de la Cdheqroo, Harley Sosa Guillén envío al procurador de Justicia del Estado, Arturo Álvarez Escalera en las que incluyen sanciones administrativas y penales contra los involucrados en la tortura y violaciones a los Derechos Humanos de Héctor Cacique alias “El Diablo”.
Asimismo ha trascendido que “El Diablo” ha sido traslado a una zona de mayor control al interior de la cárcel de Cancún conocida como “Albatros” donde también ha recibido la atención necesaria para verificar su estado de salud y vigilancia constante para evitar alguna agresión o que él atente contra su integridad física.
La recomendación CDHEQROO/017/2015/II fue aceptada el 20 de octubre por medio de un oficio de respuesta emitido por el abogado del estado donde acata lo señalado y se compromete a aplicar las medidas recomendadas; para este fin tendrá que rendir informes sobre las actividades que lleva a cabo para cumplir con lo dicho.
Dentro de esta recomendación incluye iniciar los procesos administrativos y en su caso penales contra las personas señaladas de cometer tortura así como omisiones en sus funciones que a la postre violentaron los Derechos Humanos de Héctor Cacique Fernández y obligarlo a que se declarará culpable del homicidio de siete personas en el bar “La Sirenita” en el 2013
También piden que los responsables emitan una disculpa pública a favor del afectado y la reparación del daño causado, por la tortura así como la omisión de las funciones por parte de las personas relacionadas con este caso que incluye a 36 servidores y ex funcionarios de la PGJE.
