Por: José Luis Barrón
Chetumal.- Angustiados por el riesgo de perder sus respectivos patrimonios, alrededor de 20 campesinos de la comunidad de Divorciados acudieron hasta las oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), dadas las presiones de las que son objeto por parte del Fondo Regional “Meyaj U Tial Maloob Kinoob” a través de juicios mercantiles promovidos ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, toda vez que les hicieron firmar pagarés derivados de un financiamiento para producir ganado bovino y ovino hace nueve años.
Respaldados con el equipo jurídico del Partido del Trabajo (PT) y con el apoyo del diputado Hernán Villatoro Barrios y miembros de la comisiones Estatal y municipal de Bacalar, como Mauricio Morales Beiza, Rivelino Valdivia Villaseca y Amador Domingo Vázquez, estos campesinos entregaron al director de Proyectos Productivos de la Delegación de la CDI en la entidad, Sergio Aguirre una denuncia-queja en la que se detalla la relación de hecho sobre este asunto para que la dependencia federal intervenga en lo que consideraron un abuso por parte de la dirigencia del Fondo Regional.
En dicho documento y en voz de los propios quejosos, integrantes de la Asociación San Jorge, se destaca que en el ejercicio fiscal 2006, accedieron a un financiamiento de 102 mil 524 pesos que cubrían la compra de 100 cabezas, sin embargo ellos no vieron ni un solo centavo ya que la ejecución corrió a cargo de los propios directivos del Fondo Regional y fueron estos mismos quienes fijaron el precio en pie de cada semoviente, cotizado muy por encima del mercado regional, fijando el precio en 18 pesos, quedando en claro para los beneficiarios la responsabilidad de reintegrar los recursos una vez que el proyecto rindiera dividendos.
Sin embargo -argumentan-, que el 21 de agosto de 2007, el huracán “Dean” azotó la región y causó muchos daños tanto en las viviendas como en las actividades agropecuarias, sobre todo en la cría de ganado ovino y bovino, aunado a que la inviabilidad y seguimiento de proyectos apoyados por la CDI se hizo evidente, pues cuando los involucrados en este proyecto
vieron la posibilidad de comercializar los pocos animales que quedaban en pie, los precios estaban muy por debajo de los que fueron cotizados por el Fondo regional.
Situación que de acuerdo con el propio Sergio Aguirre, la viven varios grupos, incluyendo el que representa Gregorio Tun Nahuat, también en Divorciados, que en su caso le están exigiendo un pago de 135 mil pesos por un financiamiento que en su momento era de 50 mil pesos, por lo que dijo que en el caso de la CDI ésta quedó fuera de la operación del Fondo regional, no obstante se comprometió a revisar el caso y ver de qué manera pueden apoyar a los campesinos y en su momento cotejar con su equipo jurídico si las demandas proceden o no.
Ya que el 24 de febrero de 2012, directivos del Fondo regional acudieron al pueblo de Divorciados para exigir el pago o reintegro de los recursos que había recibido en el 2006, siendo amenazados con perder sus patrimonios y los primeros en ser demandados fueron Vicente Ayala Canul y Armando Cocom Castillo, de ahí que el resto de los integrantes de la Sociedad San Jorge tomaron cartas en el asunto y así solicitar el apoyo de los dirigentes del PT.
En ese sentido, el legislador local Hernán Villatoro Barrios, señaló que es evidente que estos campesinos son víctimas de un abuso por parte de los directivos del Fondo Regional al no plantearles de manera exacta las reglas del financiamiento y posteriormente obligarlos a firmar pagarés con intereses muy altos sin antes haberles dado la oportunidad de que explicaran la situación por la que atravesaron, además de que para tal efecto los que encabezan el Fondo tenían la obligación de asegurar los semovientes adquiridos así como darle asistencia técnica.
Por su parte, el coordinador estatal del PT, Mauricio Morales Beiza, aseguró que continuarán respaldando a éste y a más grupos de campesinos que se están viendo afectados por una situación semejante y de ser necesario llegarán hasta las últimas instancias para que ninguno pierda su patrimonio y se les brinden de nueva cuenta los apoyos necesarios para echar andar proyectos viables.
