Por Salvador Pérez Hernández.
*Bacalar aún vive con la esperanza de que lleguen más inversiones con la “Transformación Profunda al Campo”
*En educación, pendientes la cobertura en el bachillerato obligatorio y la cobertura total de internet a estudiantes.
*Tren transpeninsular hasta después de 2018.
Bacalar. Para el municipio de Bacalar, estos dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto han significado un conjunto de esperanzas en un futuro mejor para el campo, y el cumplimiento de compromisos de campaña, han sido realmente significativos, con 150 kilómetros de caminos saca cosechas, construcción de domos, mantenimiento a la red carretera interna, modernización y ampliación de la carretera federal, conocida como vía corta Chetumal – Mérida, así como la implementación de programas de la magnitud de la “Cruzada Nacional contra el Hambre”, entre otros logros.
Aunque de los 266 compromisos de campaña, pocos han podido consolidarse y los grandes pendientes son; inseguridad, desempleo, y recesión económica, se ha avanzado en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo que contempla; Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno y Perspectiva de Género, ejes que pretenden un México; en Paz, Incluyente, con Educación de Calidad, Próspero y Responsabilidad Global, para lo que se han logrado una serie de reformas, y aunque han causado malestar a un fragmento de la población, es evidente el esfuerzo del Gobierno Federal por cumplir cada una de estas promesas.
Sin embargo para el sector magisterial bacalarense, que representa un importante sector de la población, estos 21 meses de implementación de la Reforma Educativa han sido un verdadero dolor de cabeza, ya que rechazan el sistema de evaluación para la contratación, permanencia y promoción.
En el sector económico destaca la recesión, desempleo e incremento de la pobreza, cabe destacar que permanece una cuenta pendiente con el desarrollo del sector agropecuario del cual depende más del 90 % de la población bacalarense y persistiendo la expectativa en la Reforma Profunda al Campo, ya que el campo requiere nuevos esquemas de inversión y de que los recursos destinados al sector puedan ser accesibles al productor, del mismo modo que resulta indispensable que se instale la Comisión Nacional Anticorrupción.
Enrique Peña Nieto ha afirmado categóricamente en el discurso oficial que “El gobierno de la República cumplirá su obligación constitucional de respetar el acceso y la libertad de expresión”, la percepción ciudadana es de un retroceso en este derecho inalienable, ya que se ha realizado una campaña de desinformación sistemática del tema relacionado con el incremento de los delitos de alto impacto social; el secuestro, homicidio y desaparición de las víctimas, y algunos estado han intentado la implementación de leyes mordazas; coercitivas de la libre expresión.
Lograr un México en Paz, y La creación de una Gendarmería Nacional, pretende profesionalizar y hacer de ésta, altamente ética humana con tareas especiales y de protección especial a las actividades productivas y estratégicas, sin embargo este vuelco dista mucho de la propuesta plasmada en el compromiso del candidato a la Presidencia de la República, y al parecer postergó el combate directo al crimen organizado y la erradicación de la corrupción en los cuerpos de seguridad pública; federales, estatales y municipales.
Aunque con la reforma educativa se dio un impulso al mejoramiento de la calidad pedagógica, aún no existen los mecanismos para cumplir con la Educación Media obligatoria, del mismo modo queda pendiente el acceso global de los estudiantes a internet, bibliografía gratuita, entre otros temas como la evaluación universal.
Un tema que ha impactado a la ciudadanía quintanarroense es el concerniente al “Tren Transpeninsular”, que es un proyecto de construcción de tren rápido que conectará Mérida, Yucatán con Punta Venado al sur de Playa del Carmen, Quintana Roo, que consiste en la construcción de una línea de tren rápido con una longitud de 336 kilómetros que correría entre 160 y 180 km/h con un costo que asciende a 11 mil millones de pesos y se pospuso hasta el último año de gestión de Enrique Peña Nieto.
