YUCATÁN.— El gobierno de Yucatán puso en marcha el Proyecto de Financiamiento para la Permanencia (PFP) Herencia Maya, iniciativa considerada pionera a nivel internacional que busca garantizar recursos de largo plazo para la conservación de áreas naturales protegidas en la entidad.
El lanzamiento fue encabezado por el gobernador Joaquín Díaz Mena y la directora general de World Wildlife Fund México, María José Villanueva Noriega, quienes destacaron que el programa permitirá proteger más de 581 mil hectáreas mediante una inversión superior a 12 millones de dólares durante los próximos cinco años.
El proyecto contempla la conservación de 11 áreas naturales protegidas, entre ellas reservas estatales, parques ecológicos y zonas bioculturales administradas tanto por el gobierno estatal como por el Ayuntamiento de Mérida y organizaciones privadas.
Entre las áreas incluidas destacan la Reserva Estatal de Dzilam, El Palmar, la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, el Anillo de Cenotes y la Reserva Ecológica Cuxtal, además de la reserva privada El Zapotal.
Durante el evento realizado en el Palacio de Gobierno, Díaz Mena afirmó que la estrategia busca consolidar un modelo de desarrollo que permita crecimiento económico sin destruir el patrimonio ambiental de la entidad.
“Hoy mandamos un mensaje muy claro: sí podemos construir un modelo de desarrollo que cuida el medio ambiente y garantiza bienestar para las futuras generaciones”, expresó el mandatario.
El gobernador destacó además que más de 114 mil personas habitan dentro de las áreas protegidas y más de 1.3 millones de habitantes dependen de la conservación de los ecosistemas y recursos hídricos del estado.
Por su parte, WWF México señaló que se trata del primer Proyecto de Financiamiento para la Permanencia liderado completamente por una autoridad subnacional, convirtiendo a Yucatán en referencia internacional en conservación ambiental y cumplimiento de metas globales de biodiversidad.
La secretaria de Desarrollo Sustentable, Neyra Silva Rosado, explicó que Herencia Maya busca transformar la conservación ambiental en una política pública permanente y no únicamente en acciones temporales.
El proyecto cuenta con respaldo de organismos internacionales, fundaciones ambientales y empresas privadas como The Coca-Cola Foundation y Bepensa, además de organizaciones como The Nature Conservancy, Pronatura Península de Yucatán y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
