Por Mario Castillo
Chetumal.-Para frenar la amenaza de contaminación contra la Laguna de Bacalar es necesario la elaboración de un estudio serio y minucioso, a fin de resolver la falta de drenaje no sólo en la zona costera, sino en poblaciones que no cuentan con ese sistema y que vierten sus al manto freático sus necesidades que van directamente a parar al cuerpo de agua.
Así señaló el presidente municipal del onceavo municipio Alexander Zetina Aguiluz, quien sostuvo que menos del 30 por ciento de la demarcación que gobierna cuenta con sistema de drenaje sanitario, lo que es un foco rojo que apunta de manera directa hacia la cuenca lagunar.
Externó que muchos lugares asentados en las orillas de la laguna que abarca alrededor de 60 kilómetros, son las que principalmente incumplen las normas de sanidad y representan el mayor reto para frenar la contaminación que empieza a derramarse a las aguas de 7 colores.
En cuanto a la zona costera donde aquellas viviendas de descanso hoy se han convertido en centro de hospedaje improvisados, son las que en su mayoría carecen siquiera de una fosa séptica para descarga de aguas negras y residuos sólidos, y sus descargas van a parar directamente a lo que es considerado como la joya más preciada de Bacalar.
“Muchas de esas casas ya no son las casas de verano, ahora la mayoría son centros de hospedajes, y tienen que transitar a un sistema tratamientos de aguas residuales. La mayoría de esas casas representan un 70 por ciento, y un 30 por ciento de ellas solamente tiene biodigestor, otro 20 por ciento tiene otro sistema, pero un 40 por ciento no tiene nada; están tal y como se construyeron hace 30 0 40 años”, lamentó Zetina Aguiluz.
Acentuó el Primer Edil que para poner freno a esa amenaza se debe hacer un trabajo coordinado con las diversas instancias del gobierno como SEMA, CAPA, Semarnat, y el municipio de Othón P. Blanco que también tiene responsabilidad en parte de la Laguna.
Refirió que tan sólo en el caso de la zona costera se requiere un proyecto de drenaje que incluya todo un trabajo de infraestructura de imagen que circunda en los 600 millones de pesos, y que de entrada es algo muy costosos para que el ayuntamiento lleve a cabo por sí sólo.
