Ciudad de México.- El World Justice Project (WJP) (Proyecto Mundial de Justicia) presentó por tercera ocasión los resultados en materia de Estado de Derecho de las 32 entidades federativas mexicanas, donde la Península de Yucatán evidenció serios contrastes al resultar Yucatán entre los estados con mayor puntaje y Quintana Roo entre los que tienen los peores registros.
En un comunicado, el WJP, informó que los estados con los puntajes más altos en este Índice son Yucatán (0.47), Coahuila (0.45) y Campeche (0.44).
Yucatán, prosiguió el texto, ha ocupado la primera posición en este rubro por tres años consecutivos.
En contraste, los estados con los lugares más bajos son Quintana Roo (0.34), Puebla (0.35), y Morelos (0.36).
El Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 fue presentado por el Director de Proyectos de Estado de Derecho en el WJP, Alejandro González, y por la investigadora del WJP, Leslie Solís.
De acuerdo con Alejandro González, «el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 brinda datos robustos y hallazgos accionables para informar los diagnósticos y estrategias para el fortalecimiento del Estado de Derecho en planes y programas de las 32 entidades federativas».
En su tercera edición, que clasifica a las 32 entidades del país, el Índice presenta puntajes para 42 indicadores de desempeño, agrupados en ocho factores, los cuales fueron calculados a partir de los resultados de una encuesta a 25 mil 600 personas, de encuestas a más de dos mil 300 especialistas en todo el país y de datos fiables de terceras fuentes.
Los ocho factores representan manifestaciones clave del Estado de Derecho: (1) límites al poder gubernamental, (2) ausencia de corrupción, (3) gobierno abierto, (4) derechos fundamentales, (5) orden y seguridad, (6) cumplimiento regulatorio, (7) justicia civil y (8) justicia penal.
Para Leslie Solís, “los resultados de esta edición del Índice evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades desde la versión pasada”.
Agregó que “la brecha entre los puntajes de los 32 estados y el puntaje idóneo sigue siendo extensa. Todos los estados del país tienen aún retos importantes para alcanzar un Estado de Derecho robusto”.
Por ello, los estados citados guardan notables contrastes en los puntajes referidos en el análisis del WJP.
El texto agregó que los puntajes aumentaron marginalmente desde la versión pasada en 17 estados, descendieron en 5, y permanecieron sin cambios en 10.
También, cuatro entidades federativas destacan por mostrar un progreso significativo en sus puntajes generales desde la primera edición del Índice en 2018: Baja California Sur (de 0.35 en 2018 a 0.43 en 2020-2021), Guerrero (de 0.29 a 0.36), Sonora (de 0.36 a 0.40), y Nayarit (de 0.37 a 0.42).
El comunicado agregó que igualmente hubo registros de descensos en 16 estados en el puntaje del Factor 8, que evalúa la efectividad de los sistemas de justicia penal.
Los indicadores con caídas más marcadas fueron la eficiencia y eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia (sub-factor 8.2) y el debido proceso (sub-factor 8.4).
Los datos sugieren que la falta de medidas oportunas y propicias de Justicia Abierta y Digital tuvo un impacto en los sistemas de justicia penal, al verse limitado el acceso a servicios de justicia por medios remotos y colaborativos, los cuales eran necesarios durante el confinamiento derivado de la contingencia sanitaria.
La mayoría de los órganos jurisdiccionales del país se vieron forzados a suspender su funcionamiento, a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias.
En este contexto, las entidades con sistemas de justicia que ofrecieron menos servicios de justicia por medios digitales durante la pandemia de COVID-19, sufrieron las mayores caídas en este factor.
Asimismo, por tercer año consecutivo, el mayor desafío del sistema de justicia penal en México es la efectividad en las investigaciones de la policía y el ministerio público (medido en el indicador 8.1).
Esto, explicó, debido en gran medida a la cifra negra, que son los delitos no denunciados o para los que no se inicia una carpeta de investigación (que se estimó en un promedio de 92.4% en los 32 estados, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción (ENVIPE) 2020.
También explicó que los datos muestran un continuo debilitamiento de la libertad de prensa y una contracción del espacio cívico, reflejado en las caídas de los puntajes de 16 entidades en el sub-factor 1.5, desde la última publicación del Índice.
A pesar del deterioro de estos contrapesos, la sociedad civil y la prensa se ubicaron de nueva cuenta como los más efectivos ante el poder ejecutivo estatal por tercera ocasión, por encima del poder legislativo, el poder judicial, los organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos estatales.
Presente en el acto, el titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Montoya, resaltó la importancia de los contrapesos al declarar que “en una democracia que aspira a contar con un Estado de Derecho vigente y vigoroso, resultan fundamentales los contrapesos.
Por ello, los organismos constitucionales autónomos somos también reguladores del poder y a ellos contribuye la vigilancia ciudadana sobre las instituciones.”
El comunicado reconoció también que la seguridad continúa como uno de los mayores retos del país, como lo reflejan las tasas de homicidio, la percepción de inseguridad y la caída en los puntajes de ausencia de corrupción en la policía y las fuerzas de seguridad en 20 entidades del país, de acuerdo con la experiencia de los especialistas consultados durante 2020.
No obstante, registraron mejoras en los indicadores de incidencia y prevalencia delictiva en la mayoría de los estados.
La medición de ausencia de delitos (medido en el indicador 5.2) mejoró en 26 estados del país, debido a caídas en las tasas de incidencia y prevalencia delictivas de la Envipe 2020, que mide delitos ocurridos en 2019.
Igualmente, indicó que el Índice de Estado de Derecho en México es único en su tipo, ya que utiliza información de primera mano para capturar las voces de miles de personas en zonas urbanas y rurales en los 32 estados del país.
Es la tercera edición que se realiza en México, lo que permite registrar avances y retos persistente sobre el Estado de Derecho en las entidades federativas.
Once estados ya usan el Índice de Estado de Derecho en México para sus Planes Estatales de Desarrollo, Programas de Gobierno, y otros instrumentos de planeación.
El Índice de Estado de Derecho en México también está incluido en documentos de planeación a nivel federal, como el Programa Institucional 2020-2024 de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o el Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024.
La intención del WJP es que el Índice sirva para identificar las fortalezas y debilidades de cada estado, así como para fomentar el diseño e implementación de políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en México.
INFOQROO/JCG
