Chetumal, Quintana Roo.– La XVIII Legislatura del Estado analizará en comisiones una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que busca fortalecer el trabajo parlamentario en materia de derechos y combate a desigualdades mediante un enfoque más amplio e inclusivo.
La propuesta, presentada por las diputadas Jimena Lasa y María José Osorio, plantea cambiar la denominación de la Comisión para la Igualdad de Género a Comisión para la Igualdad Sustantiva de Género, con el objetivo de responder a las demandas actuales de la sociedad y a los avances en los estudios de género.
Más allá de la igualdad formal
En la exposición de motivos, las legisladoras subrayan que históricamente la lucha por la igualdad se enfocó en la equiparación formal de derechos entre mujeres y hombres. Sin embargo, hoy se reconoce que la igualdad legal por sí sola no garantiza superar las desigualdades estructurales, sociales, económicas y culturales.
La igualdad sustantiva, explicaron, implica eliminar barreras y mecanismos de discriminación que afectan a todas las personas, independientemente de su género, orientación sexual, identidad y expresión de género, o características sexuales.
“Se trata de una adaptación necesaria a los tiempos que vivimos, alineando el trabajo legislativo con una visión más profunda, integral y actual de la igualdad”, destacaron.
Inclusión de la diversidad sexual en la agenda
Con la reforma, la comisión tendría la capacidad de abordar de manera explícita temas vinculados a los derechos de la diversidad sexual, cuya atención integral no está contemplada en las comisiones actuales.
De aprobarse, Quintana Roo avanzaría en la construcción de un Congreso más inclusivo y sensible a las problemáticas sociales contemporáneas.
Otra iniciativa presentada
En la misma sesión se dio lectura a la iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por la diputada Alexa Murguía Trujillo, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, con el fin de robustecer los mecanismos de control y supervisión en el uso de recursos públicos.
