Ciudad de México.- La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, llamó hoy a las autoridades de procuración e impartición de justicia de Quintana Roo a garantizar el acceso a la justicia en favor de “las personas víctimas” de los hechos del pasado 9 de noviembre de 2020.
En un comunicado, la dependencia federal recordó que elementos de la Policía Municipal accionaron ese día sus armas de fuego para disolver una manifestación, durante una protesta en demanda de justicia por el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, desarrollada en las inmediaciones del Palacio Municipal de Benito Juárez (Cancún), en esa entidad.
Ello, apuntó la Secretaría de Gobernación (Segob), sucedió de forma injustificada y contraria a las normas nacionales e internacionales en la materia.
Debido a ello, recordó, resultaron heridas por arma de fuego tres personas (dos mujeres y un hombre), una manifestante y dos periodistas.
De tal manera, la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo emitió la Recomendación 20/2020 que determinó la existencia de diversas violaciones de derechos humanos.
Entre ellas, continuó, los derechos de reunión o manifestación, libertad y seguridad personales y libertad de expresión, así como la existencia de tratos crueles o degradantes.
Asimismo, derivado de estos acontecimientos, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo inició las investigaciones correspondientes.
El comunicado recordó que la autoridad tuvo conocimiento, el 28 de abril de 2021, de la emisión de un auto por parte de la autoridad judicial que conoce del caso, y que señala que no fue posible ubicar a diversas personas imputadas.
Estas, explicó, son acusadas por los delitos de lesiones culposas y dolosas, así como de otros contra los principios del sistema penal acusatorio y abuso de autoridad, en perjuicio de diversas personas, tanto manifestantes, como periodistas.
En consideración a lo anterior y advirtiendo la naturaleza de los hechos, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, llamó a las autoridades de procuración e impartición de justicia de dicha entidad.
Ello, para que, en el ámbito de sus atribuciones, desplieguen las acciones necesarias a fin de garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de lo sucedido el 9 de noviembre de 2020, en el municipio de Benito Juárez, y evitar impunidad.
En este sentido, el comunicado refrendó que el acceso efectivo a la justicia es uno de elementos centrales para garantizar que hechos tan lamentables no vuelvan a suceder.
INFOQROO/JCG
