Chetumal.- Tras la liberación de la ex presidenta municipal de Tulum, Edith Mendoza Pino mediante una fianza, es casi un hecho que el congreso del estado retome el tema de juicio político en su contra que está suspendido desde diciembre del 2021 cuando los integrantes de la extinta XIII Legislatura por mayoría determinaron que era procedente luego de conocer el dictamen de la comisión Instructora.
Fue a inicios de diciembre de ese mismo año cuando por 20 votos a favor y dos en contra de los perredistas, Antonio Mekler Aguilera y Alejandra Cárdenas Nájera se declaró procedente el juicio político en su contra aunque la señalada nunca llego a su cita pactada para el día 13 del mismo mes porque fue aprendida días antes en Playa del Carmen y relucida en la cárcel municipal.
La denuncia por presunto uso indebido de los recursos públicos inició en marzo de ese mismo año cuando la regidora, Silvia Lugo Flota del PAN y el concejal priista Bartolomé Abán Chi hicieron pública esta supuesta situación que al final derivó en una petición al congreso local de juicio político que en mayo procedió para inicia con la conformación de la comisión Instructora presidida por el diputado del Partido Verde, José de la Pena Ruiz de Chávez y el priista, Paul Carrillo de Cáceres curiosamente ahora secretario general y presidente municipal de Benito Juárez respectivamente.
Tras una serie de retrasos en la realización de las sesiones para el desahogo de las pruebas de las partes y en medio de acusaciones de persecución política que incluso llegó al Congreso de la Unión finalmente en diciembre del 2012 a punto de llegar a su fin el tema del juicio político, Edith Mendoza Pino fue detenida tras la liberación de la orden por el juez primero en materia penal de la zona norte.
La ex alcaldesa debería presentarse el 13 de diciembre para conocer la sanción tras haber procedido el juicio político en su contra, misma que podría ser la inhabilitación hasta por 20 años según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y en su caso enfrentar el proceso judicial que se le ordenara a la Auditoria Superior de Quintana Roo; sin embargo esta ya tenía una denuncia hecha que a la postre la llevó a prisión.
Ahora, tras haber cubierto la fianza establecida en 23 millones de pesos con un predio valuado en lo triple de esa cantidad, este jueves Edith Mendoza Pino recobró su libertad para enfrentar el proceso fuera de prisión, aunque esto no implica que sea inocente de los delitos que se le imputan: malversación de fondos y uso indebido de la función pública con un daño patrimonial por más de 43 millones de pesos.
Resta esperar que los integrantes de la XIV Legislatura retomen en caso y finalicen lo que en su momento congelaron el presidente de la Gran Comisión de ese entonces, Eduardo Espinosa Abuxapqui y el presidente de la Comisión Instructora, José de Peña Ruiz de Chávez para dar fin a ese capítulo.
