Bacalar,.A solo unos metros del Palacio Municipal de Bacalar, camiones y maquinaria pesada trabajan sin freno, mientras el agua cristalina se enturbia con el lodo del relleno y la orilla es compactada sin piedad.
Desde las ventanas de la Presidencia Municipal de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez puede ver el desastre. Puede escuchar el ruido de las máquinas que trabaja sin freno destruyendo el mayor tesoro natural del municipio.
Pero el presidente municipal ha de decidido ignorar el desastre no solo y convertirse en cómplice de los abusos de la Secretaria de la Defensa Nacional que amplía sin permisos ni autorizaciones ambientales su casa de descanso frente a la total indiferencia de las autoridades ambientales federales y estatales y el Ayuntamiento.
Desde enero, habitantes y organizaciones han denunciado el relleno, dragado y construcción ilegal en la zona federal de la laguna, pero el presidente municipal ha preferido hacerse el ciego y el sordo.
No ha exigido la intervención de las autoridades ambientales, no ha frenado la destrucción, no ha dado explicaciones. Nada.
El 19 de marzo, más de 100 ciudadanos tuvieron que hacer lo que él no quiso: clausurar simbólicamente la obra. Mientras ellos defienden la laguna con sus propias manos, Contreras Méndez sigue en su escritorio, sin mover un solo dedo.
No es ignorancia, es abandono deliberado. Su administración tiene la responsabilidad de actuar, pero ha elegido mirar hacia otro lado, dejando que el desastre avance sin obstáculos.
Las imágenes no mienten: maquinaria pesada compactando la orilla, materiales de relleno contaminando el agua y un ecosistema al borde del colapso.
Cada día que pasa sin una acción del Ayuntamiento de Bacalar, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo (PPA) y de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente estatal, el daño es mayor.
No hay excusas. Estas instituciones tienen la obligación legal de inspeccionar, sancionar y frenar esta obra de inmediato, pero hasta ahora, su inacción ha demostrado que proteger la laguna no es su prioridad.
