“Las fosas comunes son lugares de evidencia cruciales para la búsqueda efectiva de justicia formal”, dijo Agnès Callamard, relatora especial de la ONU sobre ejecuciones sumarias, a la Asamblea General, en la presentación de su informe anual. “Tienen los restos de aquellos a quienes se les negó la identidad en la hora de su muerte. Son espacios de íntimo dolor para sus seres queridos y son lugares de registro público, prueba de que ocurrieron hechos atroces que nunca deben olvidarse».
“Nuestra historia como humanidad está empañada por masacres en las que a menudo los responsables, no solo han caminado libres, sino que han sido celebrados con estatuas erigidas en su memoria y que adornan juzgados, ayuntamientos y parques locales”, dijo. “Pero contrasta eso con la forma en que se tratan tantos lugares de matanzas y fosas comunes: no reconocidos, desprotegidos, sin preservación y, cuando no están cubiertos, son profanados o destruidos. Incluso puede convertirse en un delito mencionarlos en público «.
Cada región del mundo tiene fosas comunes, dijo. Pueden ser resultado de represión, conflicto o pueden estar vinculados a actividades delictivas. Pueden ser el resultado de desastres naturales o pandemias, pero siempre representan violaciones de derechos humanos”.
A pesar producirse a escala mundial y ser de suma importancia, se ha hecho muy poco para garantizar un manejo respetuoso de las fosas comunes.
“La comunidad internacional debe hacer mucho más para apoyar a los países y comunidades donde se encuentran estos lugares”, dice en su informe. Además del abandono histórico y mundial de los emplazamientos con fosas comunes, el informe también destaca la falta de un marco coherente de derechos humanos para su tratamiento.
“Todos estos significados y derechos asociados deben ser considerados”, dijo Callamard. “Mi informe ofrece un marco de derechos humanos mediante el cual fortalecer el manejo respetuoso y legal de las fosas comunes; un enfoque en el que se reconozca la diversidad de reclamos, derechos y obligaciones y en el que se pueda lograr un equilibrio justo entre todos estos intereses».
Al enfatizar en la importancia del debido proceso y la no discriminación, dijo que las familias de las víctimas, los sobrevivientes y las comunidades afectadas son fundamentales y deben poder participar de manera activa y significativamente en las decisiones sobre el manejo de fosas comunes.
Para ayudar a garantizar procesos participativos justos, recomienda el nombramiento de un tutor legal para cada fosa común y, cuando corresponda, administradores de la escena del crimen; funcionarios que serían responsables de asegurar que los procesos de toma de decisiones presten la debida atención a los reclamos de los diversos actores y que se cumplan las obligaciones del Estado.
“Hago un llamado a los Estados para que sigan apoyando el desarrollo de normas y mejores prácticas para la gestión respetuosa y legal de las fosas comunes a fin de garantizar que las fosas comunes se incluyan en los esfuerzos de justicia de transición y de establecimiento de la paz y que su gestión cuente con los recursos necesarios”, dijo.
“También deben tomarse medidas más coherentes en materia de derechos humanos para garantizar que las generaciones presentes y futuras nunca olviden los atroces crímenes que llevaron a tantas fosas comunes y poder trabajar activamente para garantizar que nunca se permita la repetición de esa violencia”, dijo Callamard.
«Es solo a través de intervenciones basadas en los derechos humanos que estos lugares de masacre de sufrimiento masivo y muerte pueden convertirse en lugares de dignidad, respeto y de aprendizaje comunitario profundo, esencial para la no repetición».
