—La ayuda económica representa un respaldo para las personas adultas mayores, pero persisten desafíos en atención médica, cuidados, movilidad, accesibilidad y oportunidades laborales
Por Victoria Castro Chávez
Chetumal, Quintana Roo.— Aunque Quintana Roo mantiene una estructura demográfica relativamente joven frente a otras entidades del país, el envejecimiento de su población ha dejado de ser un asunto marginal y comienza a plantear desafíos que van mucho más allá de la entrega de apoyos económicos.
Programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores representan una fuente de ingresos para este sector de la población. Sin embargo, la realidad cotidiana muestra otras necesidades relacionadas con atención médica, medicamentos, movilidad, vivienda, cuidados de largo plazo y oportunidades para continuar participando en la vida económica y social.
Una distinción resulta fundamental: recibir una pensión social no equivale necesariamente a contar con una jubilación derivada de una trayectoria laboral, ni resuelve por sí sola las necesidades económicas que pueden presentarse durante la vejez.
La brecha entre los 60 y 64 años
Existe además una diferencia de edades que pocas veces aparece en la discusión pública.
En México, la legislación reconoce como personas adultas mayores a quienes tienen 60 años o más, mientras que la Pensión para el Bienestar se entrega de manera universal a partir de los 65 años.
Esto significa que existe un segmento de población de entre 60 y 64 años que legalmente ya pertenece al grupo de adultos mayores, pero que no accede automáticamente a esta pensión por edad.
Para quienes además enfrentan dificultades para permanecer en el mercado laboral, esos cinco años pueden representar un periodo particularmente complejo.
La pensión frente al costo de envejecer
La transferencia económica permite cubrir parte de las necesidades cotidianas, pero el envejecimiento puede incorporar gastos adicionales.
Consultas médicas, medicamentos, estudios, alimentación especial, adecuaciones de vivienda, dispositivos de movilidad o la contratación de una persona cuidadora pueden elevar considerablemente los gastos de una familia.
La situación se vuelve más compleja cuando el adulto mayor carece de una jubilación laboral, ahorros o una red familiar que pueda complementar sus ingresos y cuidados.
Vivir en Chetumal no es igual que en una comunidad rural
La geografía de Quintana Roo introduce otra desigualdad.
En ciudades como Chetumal y Cancún existe una mayor concentración de hospitales, instituciones públicas, transporte y servicios especializados. La situación cambia para quienes viven en comunidades rurales o alejadas de los principales centros urbanos.
En municipios como Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar, las distancias pueden convertirse en una barrera adicional.
Una persona puede recibir periódicamente su pensión y, al mismo tiempo, enfrentar dificultades para trasladarse a una consulta especializada, conseguir determinados medicamentos o contar con alguien que la acompañe durante un tratamiento.
El problema, por tanto, no siempre es únicamente tener dinero disponible, sino tener cerca los servicios que se necesitan.
Los beneficios del INAPAM tampoco llegan igual a todos
La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores permite acceder a descuentos en diferentes establecimientos y servicios, además de mecanismos de vinculación productiva.
Pero el alcance real de esos beneficios depende también del lugar donde viva la persona.
Un descuento tiene un efecto limitado cuando el establecimiento, servicio médico o empresa participante se encuentra a decenas de kilómetros de distancia.
Lo mismo ocurre con las oportunidades laborales. No todas las personas mayores pueden continuar trabajando y, entre quienes sí pueden y desean hacerlo, las opciones de empleo formal pueden reducirse considerablemente.
Quintana Roo todavía es joven, pero no lo será para siempre
Los indicadores demográficos muestran diferencias importantes dentro del propio estado.
Los datos censales han reflejado una población comparativamente joven en Quintana Roo, aunque con variaciones entre municipios y un proceso de envejecimiento que continuará conforme avancen en edad las generaciones actuales.
Esto significa que el estado todavía dispone de una ventana para prepararse.
El desafío consiste en evitar que las políticas destinadas a las personas adultas mayores se concentren exclusivamente en transferencias económicas y avanzar simultáneamente en servicios geriátricos, atención médica especializada, infraestructura accesible, transporte adaptado y sistemas de cuidados de largo plazo.
También será necesario fortalecer mecanismos para prevenir el abandono, la violencia patrimonial y familiar, así como atender a quienes viven solos o dependen de otra persona para realizar actividades cotidianas.
El reto no termina depositando una pensión
El envejecimiento obliga finalmente a replantear qué significa garantizar bienestar durante la última etapa de la vida.
La pregunta no puede limitarse a saber cuántas personas reciben una pensión.
También será necesario conocer cuántas pueden acudir a un médico cuando lo necesitan; cuántas tienen acceso permanente a medicamentos; cuántas viven en viviendas adaptadas; cuántas pueden trasladarse de manera segura y, especialmente, cuántas cuentan con alguien que pueda cuidarlas cuando dejan de ser completamente independientes.
Quintana Roo todavía no enfrenta el nivel de envejecimiento de otras entidades del país, pero esa condición es temporal.
Preparar desde ahora servicios médicos, infraestructura y sistemas de cuidados puede marcar la diferencia entre un estado que simplemente entregue apoyos económicos y uno capaz de enfrentar integralmente las necesidades de una población que inevitablemente será cada vez mayor.
