El Ayuntamiento de Chepe Contreras presume estímulos para 2027, pero deja sin responder cuánto cuesta realmente cumplir con todas las obligaciones municipales. Hasta la transición ecológica aparece vinculada a trámites y permisos.
Por Victoria Castro Chávez
Bacalar, Quintana Roo.— En Bacalar, el Ayuntamiento ofrece descuentos, anuncia facilidades y hasta pone tres motocicletas como incentivo para que los ciudadanos paguen sus contribuciones. Todo bajo el discurso de apoyar la economía familiar.
Pero detrás de esa promoción fiscal aparece una pregunta mucho menos atractiva para el gobierno de José Alfredo «Chepe» Contreras Méndez: ¿cuánto le cuesta realmente a un ciudadano cumplir con todas las obligaciones que le impone el municipio?
El Cabildo aprobó por unanimidad un paquete de estímulos fiscales para el ejercicio 2027, con beneficios anunciados a partir del 4 de noviembre de 2026.
Entre las medidas destacan descuentos del 25 por ciento en el impuesto predial durante noviembre y diciembre; 15 por ciento en enero y 10 por ciento en febrero y marzo.
También se contemplan reducciones del 50 por ciento para determinados sectores, entre ellos adultos mayores con credencial INAPAM y otras categorías de contribuyentes previstas en el acuerdo.
Los descuentos son bienvenidos, especialmente para quienes enfrentan dificultades económicas. Lo cuestionable no es que existan, sino que el gobierno municipal los presente como una gran concesión sin explicar con la misma claridad el costo completo de los impuestos, derechos y permisos que recauda.
Descuentos por todas partes, cobros también
La lista de conceptos incluidos en el paquete permite dimensionar la cantidad de trámites que intervienen en la vida económica del municipio.
Recolección de basura comercial, Protección Civil, dictámenes de Salud, permisos ambientales, licencias de construcción, regularización de obras, cédulas catastrales, cambios de propietario, alineamientos, anuncios publicitarios, puestos semifijos y mercados.
Prácticamente cualquier persona que quiera construir, regularizar un inmueble, abrir un negocio o desarrollar una actividad comercial puede encontrarse con varias de estas obligaciones.
Y cada una representa un procedimiento administrativo que puede implicar tiempo, requisitos y dinero.
El Ayuntamiento anuncia cuánto descontará, pero falta una explicación igualmente accesible sobre cuánto paga normalmente el contribuyente, cómo se determina cada tarifa y qué servicios recibe a cambio.
Porque ofrecer un descuento del 50 por ciento resulta atractivo, pero su verdadero beneficio depende de cuánto cuesta originalmente el trámite.
Un descuento no convierte automáticamente una tarifa en justa.
¿Hasta para ser ecológico hay que pagar?
Uno de los apartados más llamativos es el relacionado con la protección ambiental.
El Ayuntamiento ofrece un 5 por ciento adicional de descuento a quienes acrediten el uso de ecotecnologías, como paneles solares, biodigestores, techos verdes, sistemas de captación de agua de lluvia o plantas de tratamiento.
También contempla una reducción del 50 por ciento en el denominado permiso de operación ecológica.
La medida plantea una contradicción que merece explicaciones.
Por un lado, el municipio busca incentivar prácticas que contribuyan a reducir el impacto ambiental. Por otro, mantiene dentro de su estructura administrativa un permiso ambiental sujeto al pago de derechos.
Es importante distinguir ambas cosas: instalar paneles solares o captar agua de lluvia no significa necesariamente que el ciudadano deba pagar ese permiso. Su aplicación depende de la actividad regulada y de las disposiciones correspondientes.
Pero precisamente por eso el Ayuntamiento debería explicar con claridad quiénes están obligados a tramitarlo, cuánto cuesta, qué inspecciones comprende y cómo se utiliza lo recaudado.
En un municipio cuya economía depende en buena medida del atractivo natural de su laguna y de la conservación del entorno, la política ambiental no debería medirse únicamente por la cantidad de autorizaciones expedidas.
También tendría que medirse por resultados: menos contaminación, mejor tratamiento de aguas residuales, protección del acuífero y vigilancia efectiva de las actividades que afectan al ecosistema.
La protección ambiental requiere regulación, pero esa regulación debe ser transparente y proporcional.
Las motocicletas no sustituyen una política fiscal clara
El sorteo de tres motocicletas busca incentivar el pago oportuno de las contribuciones.
Puede resultar atractivo para algunos contribuyentes y contribuir a mejorar la recaudación municipal.
Sin embargo, un premio no sustituye la obligación del Ayuntamiento de explicar cuánto recauda, en qué utiliza los recursos y qué beneficios concretos recibe la población.
Bacalar necesita servicios públicos, mantenimiento urbano, infraestructura, recolección eficiente de residuos y medidas reales de protección ambiental.
La confianza de los ciudadanos no debería depender de la posibilidad de ganar una motocicleta, sino de comprobar que sus contribuciones se traducen en mejores condiciones para vivir y trabajar.
El comerciante también necesita respuestas
El paquete contempla ampliar hasta el 31 de marzo el plazo para renovar licencias de funcionamiento.
La medida puede ofrecer mayor margen a los comerciantes para cumplir sus obligaciones.
Pero tampoco resuelve una cuestión de fondo: ¿cuánto cuesta mantener legalmente abierto un pequeño negocio en Bacalar?
No es lo mismo una tienda familiar que un establecimiento turístico de gran tamaño. Tampoco enfrentan los mismos costos ni generan los mismos impactos.
Por ello, la autoridad municipal debería publicar ejemplos detallados de los pagos aplicables a distintos giros comerciales, especificando las tarifas ordinarias, los descuentos y los requisitos obligatorios.
Esa información permitiría saber si los estímulos benefician principalmente a los pequeños contribuyentes o si las mayores reducciones económicas terminan concentrándose en establecimientos con obligaciones de mayor monto.
La recaudación no puede ser el único objetivo
El gobierno de Chepe Contreras tiene facultades para cobrar las contribuciones previstas en la legislación y establecer estímulos dentro del marco legal.
Lo que está sujeto a discusión es si la estructura de cobros resulta proporcional a la capacidad económica de los contribuyentes y a los servicios que reciben.
La unanimidad del Cabildo tampoco debería cerrar el debate. Al contrario, obliga a los regidores a explicar por qué consideran adecuados los porcentajes, qué impacto tendrán en las finanzas municipales y cómo se evaluarán sus resultados.
Bacalar no necesita únicamente una campaña de descuentos.
Necesita saber cuánto cuesta abrir un negocio, construir una vivienda, regularizar una propiedad o cumplir con una obligación ambiental.
Necesita conocer si los cobros corresponden a servicios efectivos y si existen mecanismos para evitar cargas desproporcionadas sobre los pequeños contribuyentes.
Porque el verdadero apoyo a la economía familiar no se demuestra únicamente anunciando descuentos sobre una larga lista de contribuciones. Se demuestra con tarifas justificadas, trámites sencillos, servicios públicos eficientes y cuentas claras.
Y eso, a diferencia de las motocicletas, no debería depender de un sorteo.
