Por Victoria Castro Chávez
BACALAR, Quintana Roo.— Los recientes reportes de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo encendieron las alertas sobre la operación de una sofisticada red de monitoreo utilizada por grupos delictivos en el municipio de Bacalar, situación que ha provocado el reforzamiento de operativos de vigilancia sobre la Carretera Federal 307 y comunidades rurales de la zona sur del estado.
A través de cateos y patrullajes coordinados entre corporaciones de los tres niveles de gobierno, las autoridades han detectado el funcionamiento de estructuras criminales dedicadas al narcomenudeo y al tráfico de estupefacientes, cuya estrategia actual se centra en el blindaje tecnológico y logístico de sus rutas de operación y escape.
De acuerdo con informes ministeriales y balances del Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz, las células criminales ya no solo operan mediante la distribución de droga en pequeñas dosis, sino que ahora recurren a sistemas clandestinos de videovigilancia para monitorear en tiempo real los movimientos de fuerzas federales y estatales.
Durante los últimos cateos realizados en inmuebles ubicados a las orillas de la carretera federal, autoridades aseguraron cámaras instaladas en puntos elevados y estratégicos, utilizadas presuntamente para vigilar los desplazamientos de patrullas de la Marina, Ejército Mexicano y Policía Estatal.
Las investigaciones señalan que algunos predios aparentemente abandonados o con fachada comercial sobre el tramo Chetumal-Cancún son utilizados como bodegas temporales para almacenar marihuana y cocaína, facilitando posteriormente su distribución hacia la cabecera municipal de Bacalar y zonas de Chetumal.
La Fiscalía también reportó que las detenciones relacionadas con narcomenudeo en la región incluyen de manera recurrente el aseguramiento de armas cortas y cartuchos útiles, lo que evidencia el nivel de riesgo y la disposición de estas células a utilizar violencia armada para proteger sus operaciones.
Los mapas de incidencia delictiva elaborados por autoridades ministeriales muestran además un desplazamiento de hechos de alto impacto hacia comunidades rurales de Bacalar, mientras que en la cabecera municipal se mantiene un fuerte despliegue preventivo orientado a proteger la actividad turística.
Entre las localidades bajo mayor atención se encuentran El Gallito, San Román y zonas limítrofes con el municipio de Othón P. Blanco, consideradas puntos estratégicos por los grupos delictivos para movilizarse y evadir filtros de seguridad.
El Gallito aparece en reportes de inteligencia relacionados con incursiones de células armadas, enfrentamientos e investigaciones por presunto control territorial, mientras que San Román permanece bajo vigilancia tras reportes de agresiones a propiedades y circulación de vehículos con reporte de robo.
En tanto, las autoridades consideran que los límites entre Bacalar y Othón P. Blanco son utilizados para el denominado “efecto cucaracha”, estrategia mediante la cual grupos criminales se desplazan constantemente entre municipios para dificultar la acción policial.
Ante este panorama, la estrategia gubernamental se ha enfocado en acelerar los procesos de judicialización y mantener operativos permanentes en comunidades prioritarias, buscando frenar el crecimiento de estructuras criminales antes de que logren consolidar un mayor control territorial en la región sur de Quintana Roo.
